Lo que verdaderamente molesta a quienes se oponen a la iniciativa presidencial de reforma a la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión es que se regule esa actividad como servicio público, se garantice que el Estado lleve Internet de banda ancha a las regiones más pobres y marginadas mediante un programa de cobertura social, y se rescaten los derechos de las audiencias frente al poder de los concesionarios, señalaron senadores de Morena.

Los presidentes de las comisiones de Radio, Televisión y Cinematografía, José Antonio Álvarez Lima, y de Estudios Legislativos, Enrique Inzunza, así como el legislador Javier Corral, destacaron que la derecha y los grandes empresarios del ramo han querido centrar el debate en la supuesta censura contenida en el artículo 109, que es sólo un invento.

En la era digital, la falta de acceso a Internet sigue siendo un factor de exclusión social y económica, que afecta de manera desproporcionada a millones de personas de las comunidades más pobres y marginadas, destaca la exposición de motivos de la legislación reglamentaria de la enmienda constitucional que extinguió al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT).

El problema es el modelo de mercado, concentrado en zona rentables que generan a los operadores ingresos significativos, lo que ha impedido una reducción importante en los costos para los consumidores y ha generado distribución desigual de los servicios de Internet, priorizando las áreas de mayor rentabilidad económica y dejando en segundo plano a las rurales y a las comunidades de bajos recursos, señala.

Ante esa realidad, la iniciativa propone que el Estado asuma un papel más activo para garantizar la universalización del acceso a Internet, y por ello “el gobierno federal contará con asignaciones de concesiones únicas y sobre bandas de frecuencia del espectro radioeléctrico para uso comercial, a fin de garantizar la prestación de los servicios públicos de telecomunicaciones, incluido el Internet de banda ancha.

Los senadores de Morena consideraron que es un tema toral, al igual que la interconexión a que estarán obligados los concesionarios que operen redes públicas de telecomunicaciones.

Otro de los aspectos medulares de la iniciativa es regresar los derechos de las audiencias que PRI y PAN, y en especial el panista Federico Doring, quitaron de la Ley de Telecomunicaciones en la reforma del 2017.

En el dictamen aprobado ya en comisiones se destaca que hay una una deuda significativa, y por ello se garantiza que las audiencias de radio y televisión reciban contenidos de calidad diversos y beneficiosos, en los cuales prevalezca el interés público, no sólo el económico”.

Es esencial proporcionar a las audiencias “instrumentos que les permitan expresar sus inquietudes e inconformidades respecto a la programación. Además, contar con defensores de las audiencias, capacitados y conocedores, es crucial para mediar posibles controversias.

El dictamen, que está ya en primera lectura, se bajará de la agenda de la sesión de mañana, ya que se abrirá un proceso de consulta entre concesionarios, académicos y expertos. Sin embargo, no habrá cambio en la esencia de la reforma, coincidieron Álvarez Lima e Inzunza.