Tolcayuca, Hgo., Integrantes del ejido de Tolcayuca, en el municipio del mismo nombre, encabezados por Alejandro López, exigen al comisario ejidal, Jorge Aurelio Bautista Zamora, y al tesorero, Adrián Cruz Mena, la rendición de cuentas, pues ambos vendieron ilegalmente a una empresa particular toneladas de tepetate que extraen de una mina propiedad de la comuna, sin informar nada y sin el aval de la asamblea de 394 campesinos.

El ejidatario Adrián Escalante declaró que, además, el comisariado Bautista Zamora, quien es regidor de Tolcayuca por el Partido Verde Ecologista de México, permitió que una empresa inmobiliaria de Tizayuca depositara 8 mil 295 viajes de escombros a un costado de la mina y le cobró 200 pesos por cada uno.

Esto fue como una invitación para que pobladores de localidades cercanas conviertan en un basurero las inmediaciones de la mina, donde tiran llantas, bolsas de basura, muebles viejos y hasta sanitarios, ante el desinterés de las autoridades municipales y del ejido.

Los ejidatarios, encabezados por Alejandro López concedieron una entrevista a La Jornada afuera de una enorme cavidad cuadrada de la mina de tepetate ubicada en la colonia general Felipe Ángeles (área de uso común del ejido).

En diciembre aseguraron que la veta se había cerrado

Comentaron que durante el informe de actividades que Bautista Zamora y Cruz Mena dieron el pasado 15 de diciembre de 2024, ambos aseguraron que el depósito natural se había cerrado definitivamente el 4 de octubre de ese año, y desde entonces no producía dinero.

Eso fue una total mentira, porque cuando acudimos cuatro días después, (la mina) estaba funcionando y según informes que obtuvimos, se siguió con la extracción de tepetate hasta enero de este año, dijo Alejandro López. Ese día, comentó, encontraron maquinaria pesada y trabajadores que cargaban camiones con el material pétreo.

Para evitar el saqueo del tepetate por parte de Bautista Zamora, el pasado 20 de enero los ejidatarios cerraron los accesos de la mina, la cual permanece sin operar. El 19 de febrero, durante una visita del gobernador Julio Menchaca, un grupo mostró al mandatario carteles y mantas en las que le piden su intervención para hacer justicia.

Los ejidatarios coincidieron en que no están en contra de que opere el banco de tepetate, siempre y cuando los recursos que genere se repartan de manera equitativa y transparente entre ellos, por ser los propietarios legítimos, lo cual no ha ocurrido desde que hace 30 años se comenzó su explotación.

En su informe del 15 de diciembre, el comisario Bautista no dio a conocer cuánto dinero produjo la mina desde que él asumió el cargo de presidente del comisariado desde comienzos de 2023 a octubre de 2024, fecha en la que supuestamente se cerró el banco de tierra.

Alejandro López, integrante de una comisión revisora e investigadora de todas las acciones que ha hecho el comisariado ejidal, mostró un contrato que carece del membrete y de los sellos del ejido de Tolcayuca, firmado por Jorge Aurelio Bautista con la Empresa Asfáltica 7 Construcciones.

El documento está fechado el 3 de noviembre de 2024 y estipula que el precio por la carga de cada camión de siete metros cúbicos sería de 100 pesos y de 200 pesos por vehículos de carga con capacidad de 14 metros cúbicos.

Pero de acuerdo con datos obtenidos por los labriegos, en la mina había entre seis y siete camiones de carga, los cuales hacían a diario mínimo diez viajes cada uno. El costo en promedio por viaje es de 400 pesos.

Cúmulo de ilegalidades

Según los ejidatarios, el contrato es a todas luces ilegal, porque no fue autorizado por la asamblea de comuneros. El ejido de Tolcayuca está conformado por 2 mil 400 hectáreas de uso común y otras 2 mil 200 de parcelas.

El 23 de marzo de 2025, Jorge Aurelio Bautista pretendió realizar una asamblea, cuyo único fin, según el punto seis de la orden del día de la convocatoria, era obtener la autorización para la adopción del dominio pleno de parcelas o porciones pequeñas de tierra ubicadas en la zona de uso común.

Sin embargo, de acuerdo con Adrián Escalante, en contra de lo que marcan las leyes agrarias, en la convocatoria se establecía que la asamblea se iba a realizar en las instalaciones de la Conasupo, que son del ejido donde hace varias décadas se guardaban las cosechas de maíz y otros productos agrícolas en los conos de piedra o alhóndigas. En Tolcayuca, dijo Escalante, las asambleas nunca se habían hecho en la Conasupo, habitualmente se realizan en el salón ejidal.

Otra irregularidad es que se convocaba a la reunión tanto a los ejidatarios y posesionarios de tierra, lo cual para Escalante era otra anomalía, toda vez que la facultad de cambiar el estatus de la tierra es exclusiva de los primeros.

Para validar la asamblea, pese a esas irregularidades, acudió un notario público de Tizayuca, lo que constituye otra irregularidad. Sin embargo, los ejidatarios lograron reventar la asamblea.

Bautista también rentasalón ejidal para fiestas

Jorge Aurelio Bautista ha sido señalado de rentar para fiestas y otros eventos particulares el salón ejidal y de cobrar a 10 mil pesos por cada constancia de posesión de la tierra que le solicitan, los cuales antes se cobraban a la mitad de ese precio.

En el único informe que hasta el momento ha rendido ante la asamblea municipal desde que fue nombrado comisario, no aparece cuánto se recibió de dinero por la renta del salón ejidal ni por el cobro de las constancias, según los ejidatarios.

En cambio, hay cuantiosas e innecesarias erogaciones, como el pago de 140 mil pesos por una misa realizada en 2023; 74 mil por la construcción de una capilla y del convivio que se hizo al inaugurarla, además de 68 mil 339 pesos por la asesoría de un abogado.

Sin embargo, lo que más ha molestado a los ejidatarios es el gasto de 545 mil 600 pesos para sueldos de supuestos empleados que laboran en las oficinas del comisariado ejidal –las cuales siempre están cerradas, pese a que hay un letrero que dice que el horario de atención es de 10 a 13 horas de lunes a jueves– y de supuestos trabajadores del consejo de vigilancia cuando dichos cargos son honorarios; es decir, sin recibir paga alguna.

Los ejidatarios pidieron la intervención, tanto de las autoridades estatales como federales para investigar todas las supuestas irregularidades en que ha incurrido el comisario ejidal Bautista; el tesorero Adrián Cruz y el presidente del consejo de vigilancia Roberto Romero Bautista.