Para acabar con la tala clandestina de bosques, economía criminal que crece al amparo de la impunidad y la corrupción, y se ha convertido en una de las mayores amenazas medioambientales, Morena impulsa en el Senado una iniciativa que devuelve al Estado las herramientas para recuperar el control sobre sus recursos forestales, parte de ellos controlados por la delincuencia organizada.

“No nos podemos quedar de brazos cruzados mientras bosques completos son despojados por grupos criminales que extorsionan a las comunidades y blanquean la madera con documentos oficiales”, comentó la senadora Ana Lilia Rivera, autora de la reforma a diversos ordenamientos para atacar ese problema, que ha llegado a que hasta 70 por ciento de la madera que circula en el país tenga origen ilegal o no verificable.

Expuso que, según datos de Global Forest Watch, México perdió más de 120 mil hectáreas de cobertura arbórea sólo en 2022, muchas de ellas ubicadas en zonas de alta biodiversidad y en regiones prioritarias para la recarga hídrica.

Uno de los mecanismos más recurrentes de simulación consiste en que autoridades ambientales, en colusión con comisariados ejidales o actores privados, otorgan permisos de aprovechamiento forestal para áreas debidamente delimitadas, pero en campo se talan superficies significativamente mayores.

Luego, los volúmenes excedentes “son blanqueados”, utilizando los mismos documentos oficiales o mediante remisiones forestales falsificadas, lo que permite su ingreso al mercado formal, advierte.

La tala clandestina no es un hecho aislado, sino que opera en regiones donde el Estado tiene presencia limitada o intermitente, y en muchos casos se ha documentado a redes del crimen organizado que controlan territorios boscosos para obtener rentas ilegales, extorsionar a los pueblos y utilizar la cadena de madera para lavar dinero.

Ante ello, la reforma propone trazabilidad forestal efectiva, rol estratégico de las fuerzas de seguridad en zonas de alto riesgo, articulación interinstitucional obligatoria y endurecimiento de sanciones, que llegan a prisión de 14 años por tala clandestina y de 22 cuando sea en áreas protegidas.

Se actualiza el Sistema Nacional de Monitoreo Forestal, a fin de convertirlo en una verdadera herramienta de trazabilidad electrónica, obligatoria, georreferenciada y transparente que permita seguir el rastro de cada tronco, desde su origen en el bosque hasta su destino final en el mercado. No más remisiones falsificadas, no más madera ilegal en aserraderos registrados.

Asimismo, se modifica la Ley de la Guardia Nacional, a fin de que la corporación tenga la atribución expresa de participar en operativos de vigilancia forestal, desmantelar centros clandestinos y proteger a los defensores ambientales.