Estudiantes de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), unidad Azcapotzalco, y el Sindicato Independiente de Trabajadores de dicha casa de estudios (Situam) expresaron su repudio al instructivo para la seguridad en las instalaciones de ese campus, aprobado por el Consejo Académico en sesión realizada esta semana.

Además de que en su elaboración no se tomó en cuenta a la comunidad universitaria, consideraron que atenta contra el derecho a la protesta, organización, al libre tránsito y criminaliza al estudiantado.

Por tales motivos, alumnos citaron para el próximo 21 de abril a una asamblea para discutir una propuesta de paro en la unidad.

El Situam advirtió que el contenido de varios de sus artículos es punitivo, persecutorio, implica abuso de autoridad y discrecionalidad, así como disfraza obligaciones como derechos.

El artículo 12 especifica que se debe presentar credencial institucional vigente o identificación oficial al ingresar, permanecer o salir de la unidad y hacer uso adecuado de las instalaciones, mobiliario y equipo.

Asimismo, establece abstenerse de utilizar las instalaciones para realizar actos de comercio con fines de lucro de cualquier naturaleza o para fines particulares que no se relacionen con las funciones de la universidad o con la formación integral del alumnado. Tampoco se puede ingresar con mascotas, salvo que se trate de un animal de servicio y abstenerse de introducir, distribuir o consumir bebidas embriagantes, sicotrópicos, estupefacientes u otras sustancias prohibidas.

También prohíbe fumar, utilizar vapeadores o cigarrillos electrónicos, no obstaculizar el tránsito de peatones, no realizar pintas o colocar mensajes visuales en pisos, muros, cristales o lugares no destinados para ese propósito.

El artículo 13 establece que se podrá reubicar, suspender o cancelar eventos o actividades, aun cuando exista autorización si se incurre en incumplimiento de diversas obligaciones. Por ejemplo, cuando se ponga en riesgo la integridad de la comunidad universitaria o la salvaguarda del patrimonio universitario; cuando se afecte la realización de actividades académicas y administrativas y cuando en la solicitud se haya falseado información sobre el evento o actividad.