La ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña Hernández, ordenó extinguir la Secretaría de Enlace y Coordinación del alto tribunal, que tenía apenas 20 meses de operación, como parte de las medidas de austeridad que los ministros comenzaron a aplicar hasta este año por la transición en el Poder Judicial de la Federación.

El acuerdo general III/2025, publicado ayer en el Diario Oficial de la Federación, formaliza la eliminación de dicha área, encargada de coordinar audiencias dirigidas a la ministra presidenta, organizar actos de divulgación institucional, atender solicitudes logísticas y coordinar visitas guiadas en los inmuebles de la Corte.

La medida se justificó con el objeto de continuar con la racionalización en el uso de los recursos materiales y humanos.

La Secretaría de Enlace y Coordinación, que dejará de existir este jueves, fue creada por la propia Piña Hernández mediante el acuerdo general V/2023, publicado el 15 de agosto de 2023, con el argumento de que era necesaria para mejorar la eficiencia operativa y administrativa del alto tribunal.

Sus funciones serán absorbidas por la Secretaría General de la presidencia. Para ello, se da un plazo de 30 días naturales –contados a partir de la entrada en vigor del acuerdo– para que la Oficialía Mayor y las áreas involucradas realicen los ajustes estructurales correspondientes. Asimismo, se indica que cualquier mención a la Secretaría de Enlace y Coordinación deberá entenderse como referencia a la Secretaría General de la presidencia.

Este año, la SCJN ha comenzado a aplicar medidas de austeridad ordenadas por ley, como la reducción de salarios de ministros y altos mandos, pero mantiene prestaciones como seguros de separación individualizada y gastos médicos mayores.

Además, se han puesto en marcha otras acciones, como el establecimiento de trabajo remoto (home office) para la mayoría del personal los miércoles y viernes, la reducción de horarios y servicios en áreas médicas y comedores y la limitación en el consumo de energía eléctrica y artículos de papelería.

Estas medidas de austeridad se adoptan tras años de críticas desde el Ejecutivo y el Legislativo por el elevado gasto operativo y los elevados salarios en el alto tribunal.