l 6 de octubre de 1936, el presidente Lázaro Cárdenas escribió en sus Apuntes: Hoy dicté acuerdo al Departamento Agrario para que principie la dotación de ejidos a los núcleos de población de la Comarca Lagunera, concentrando en aquella región todo el personal de ingenieros que sea necesario para que se violente la entrega de la tierra. Siete semanas después, desde Torreón, dirigió un Mensaje a la nación en que consigna: Han sido ya firmadas por el suscrito, y ejecutadas por el Departamento Agrario, resoluciones presidenciales que dotan a 231 núcleos de población con 114 mil 814 hectáreas de riego y 128 mil 527 para pastales, que benefician a 25 mil 503 ejidatarios.

Entre muchas otras cosas, estos datos nos dicen que en ese crisol revolucionario que desde 1910 fue La Laguna, no hubo reparto de tierras entre 1915 y 1935; que los gobiernos que se decían de la revolución dejaron intocados los poderosos intereses agroindustriales de esa región, semillero de caudillos y soldados revolucionarios. ¿Fue así? Y si así fue, ¿por qué razones? Así que más allá de las explicaciones dadas por los historiadores y analistas de la reforma agraria en general y de La Laguna en particular (o al lado de esas explicaciones, compartiéndolas o discutiéndolas), media docena de historiadores que trabajamos en el Archivo General Agrario revisamos más de 800 expedientes de otros tantos núcleos de población de la Comarca Lagunera, para buscar en el archivo la voz de los campesinos, las razones por las que pedían la tierra.

Sin espoilear (anglicismo ya aceptado en español) los resultados más importantes de esta pesquisa colectiva, puedo adelantar que encontramos (ya lo saben los historiadores) que antes de 1935 las leyes y reglamentos excluían del reparto agrario a los peones acasillados y también, las tierras dedicadas a la agroindustria. Sí, la legislación anterior a 1935 convertía en letra muerta el espíritu del artículo 27 constitucional.

También recordamos que los vencedores de la revolución, personificados en Carranza, Obregón y Calles, nunca fueron partidarios del ejido ni la comunidad, ni de ninguna forma de propiedad colectiva de la tierra. El propio Calles declaró en 1925 que deseaba terminar el reparto, indemnizar a los propietarios y formar una clase de pequeños propietarios modernos con la ayuda de una política de riego, crédito y formación técnica.

Pero también encontramos que pese a esa legislación que les vedaba el acceso a la tierra y el agua que exigieron con ls armas en la mano de 1910 a 1920, los campesinos laguneros que habían formado en la División del Norte de Pancho Villa y los colorados magonistas y orozquistas, derrotados en los campos de batalla, encontraron en los años 1920 nuevas formas de organización política, muchas veces en torno al Partido Comunista y con antiguos oficiales villistas y colorados (los pocos que sobrevivieron a la guerra) que buscaron los intersticios que dejaba la legislación para exigir un pedazo de tierra, vida digna y justicia.

En los cientos de expedientes del Archivo General Agrario que revisamos encontramos su voz, su palabra, pero también encontramos la burla (por llamarla suavemente) que resultó la entrega de tierras a apenas una veintena de poblados: un puñado de solicitantes recibieron tierras en los llamados distritos ejidales creados para ellos fuera del perímetro algodonero, es decir, las fértiles tierras de migajón regadas por la avenida de los ríos Nazas y Aguanaval; o en Colonias, en que los beneficiarios quedaban atados aún peor que los peones de las haciendas.

Los datos no sólo muestran que la reforma agraria antes de 1935 fue insuficiente: también, que las tierras entregadas a cada trabajador del campo eran tan exiguas que resultaba imposible que de ellas pudiera sustentarse una familia, máxime (y eso va más allá de los datos fríos) que en general, las tierras entregadas eran de temporal errático, agostadero o terrenos eriazos. Las tierras que se les entregaron a los campesinos organizados fueron calificadas de temporal, pero en la mayor parte de ellas era imposible levantar ninguna cosecha y la mayoría de los ejidatarios no tomó posesión de ellas y siguieron siendo peones en su propia tierra. Algunos fueron parcialmente armados para combatir a los cristeros, a quienes el gobierno parecía señalarles a los dirigentes sociales más destacados para asesinarlos. Y entre 1929 y 1931 fue el propio gobierno el que fusiló o mandó asesinar a algunos de los más connotados dirigentes agraristas –como el maestro rural duranguense José Guadalupe Rodríguez Favela– y alentó al menos una matanza colectiva: el asesinato de 31 agraristas militantes del Partido Comunista en Matamoros. Desde 1929 el Partido Comunista estaba prohibido y sus organizaciones actuaban en la clandestinidad, incorporándose a otras organizaciones que casi una década después serían unificadas, por mandato de ley, en la Confederación Nacional Campesina.

El presidente Cárdenas acabó con esta simulación de un solo golpe.