Barcelona. La fiscalía anunció ayer que recurrirá ante el Tribunal Supremo español la sentencia de una corte de apelaciones que anuló la condena de cárcel al ex futbolista Dani Alves por agresión sexual a una mujer.

La fiscalía de Cataluña anun-ció su intención de interponer recurso de revocación contra la sentencia del tribunal de apelaciones, indicó el Ministerio Público en un comunicado.

El tribunal de apelaciones anuló la semana pasada la condena de cuatro años y seis meses de cárcel por la violación a una mujer en 2022, que la audiencia provincial de Barcelona había dictado a Alves el año pasado, al considerar, entre otros puntos, que había insuficiencias probatorias en la sentencia, y describió el testimonio de la denunciante como no fiable.

Igualmente, desestimó el recurso interpuesto a la primera sentencia por parte del Ministerio Público, que había vuelto a solicitar una pena de nueve años de prisión para el ex deportista, y de la acusación particular, que pedía 12 años.

Los hechos ocurrieron en los baños del reservado de una discoteca de Barcelona la madrugada del 31 de diciembre de 2022, donde la denunciante aseguró que el ex internacional brasileño la agredió sexualmente. Alves, quien cambió en varias ocasiones de versión, siempre aseguró que fueron consentidas, mientras la víctima mantuvo su testimonio.

Con su decisión los cuatro magistrados de apelación absolvieron así al ex del Barça, quien desde hace un año estaba en libertad condicional tras haber pasado 14 meses en prisión, y anularon las medidas cautelares.

La decisión fue muy criticada desde sectores feministas, así como por varios ministros del gobierno que preside Pedro Sánchez.

Entre ellos, la vicepresidenta María Jesús Montero, quien afirmó el sábado que era una vergüenza que todavía se cuestione el testimonio de una víctima y se diga que la presunción de inocencia está por delante del testimonio de mujeres jóvenes, valientes.

El órgano rector de los jueces españoles emitió un comunica-do expresando su apoyo a los magistrados en el que recordó que la protección y apoyo a las víctimas, en especial de delitos contra la libertad sexual, no implica renunciar a la presunción de inocencia.