La mesa directiva del Senado turnó a comisiones la iniciativa presidencial en materia de desaparición forzada, en medio de la polémica causada por el tema de los datos biométricos. La oposición rechazó que el gobierno tenga acceso sin controles, a esa información en poder de bancos, empresas y organismos públicos como el Instituto Nacional Electoral (INE).

Morena respondió que si la Federación no tiene la información, ¿cómo va a integrar una plataforma sólida que le permita mejores condiciones para la búsqueda de personas cuyo paradero se desconoce? Adelantó también que será el próximo martes cuando la reforma se dictamine en las comisiones de Gobernación y Estudios Legislativos, y se prevé que el miércoles se discuta en el pleno.

La propuesta contempla multas de entre un millón y 2 millones de pesos a los particulares que no permitan a las fiscalías consultar los datos que tengan, durante una investigación. Entre las empresas que cuentan con información sensible se encuentran bancos, servicios de paquetería y de venta de productos como Amazon y Mercado Libre.

Ricardo Anaya, coordinador de los senadores del PAN, dijo estar de acuerdo en dotar al Estado de las herramientas necesarias para ubicar a desaparecidos, pero calificó como grave que, sin controles democráticos, el gobierno tenga acceso a los biométricos en poder de empresas y organismos privados y públicos. Ello porque esas referencias en manos equivocadas pueden hacer mucho daño al país. Manifestó que en el pasado, el gobierno ha exhibido información privada de periodistas, activistas, defensores de derechos humanos y opositores.

Es un cheque en blanco

En su lugar, propuso que se establezcan controles; que sí una autoridad pide un dato, después tenga que justificar por qué lo solicitó, pues si la iniciativa se aprueba como fue presentada por el Ejecutivo, se estaría violando el derecho a la privacidad de los individuos.

Es un cheque en blanco, agregó y resaltó que todo esto es alarmante si se ubica en el contexto de que tenemos un gobierno autoritario.

El senador y dirigente del PRI, Alejandro Moreno, apuntó que el documento requiere modificaciones en el tema de los biométricos.

Gerardo Fernández Noroña, presidente del Senado, sostuvo que en la actualidad diversas compañías tienen ese tipo de datos, entre ellas Telcel y los bancos, y eso no le preocupa a la oposición, pero sí que los tenga el Estado, ironizó.