A fin de investigar inmuebles que presuntamente son usados por grupos criminales para actividades ilícitas, personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) con apoyo de la Policías Estatal, elementos de la Guardia Nacional, Marina y del Ejército Mexicano pusieron en marcha ayer en la mañana, la operación Bastión, en el sur de la entidad mexiquense.

El operativo se desplegó simultáneamente en los municipios de Tejupilco, Amatepec, Luvianos, Tlatlaya, Temascaltepec y Sultepec, donde las fuerzas estatales y federales revisaron negocios, ranchos, casas y bodegas que, se presume, son utilizados por el crimen organizado.

Según fuentes de la fiscalía del estado, la mayoría de los domicilios que se han cateado son usados por el grupo delictivo La familia michoacana.

Hasta anoche, las fuerzas de seguridad habían asegurado y colocado sellos a 21 propiedades, casi todos ellos ranchos y casas de seguridad, y de líderes de este grupo criminal.

Esta no es la primera vez que catean y aseguran inmuebles en el sur del estado empleados por grupos delictivos. En 2021 y 2022, la FGJEM tomó en resguardo algunos ranchos en Tlatlaya y Amatepec.

Asimismo, la institución no informó si durante el despliegue de estos operativos se detuvo a algún integrante de dicho grupo criminal, tampoco reveló lo encontrado en las viviendas cateadas ni lo decomisado durante el operativo.

En noviembre de 2024, las autoridades del estado de México, junto con fuerzas federales, pusieron en marcha el operativo Enjambre, en el que detuvieron a por lo menos una decena de funcionarios públicos de igual número de municipios, por su presunta relación con criminales.

Las primeras demarcaciones intervenidas fueron Amanalco, Texcaltitlán, Santo Tomás de los Plátanos, Tonatico, Tejupilco, Chicoloapan, Ixtapaluca, Naucalpan, Coacalco y Jilotzingo, después Ecatepec, entre otros, afin de cumplimentar las órdenes de captura contra los acusados por su presunta responsabilidad directa o indirecta en extorsión, secuestro exprés y homicidios.

De acuerdo con autoridades estatales, los funcionarios arrestados habrían facilitado las actividades de bandas criminales como La familia michoacana, cártel Jalisco Nueva Generación, Unión Tepito, Nuevo Imperio y Anti-Unión Tepito.

La mayoría de los aprehendidos ya fueron vinculados a prisión preventiva y están recluidos en penales.

En la operación Enjambre participaron más de mil 500 efectivos de la FGJEM, Guardia Nacional, Ejército Mexicano, Marina, así como las secretarías de Seguridad estatal y federal.

También en diciembre del año pasado, el gobierno mexiquense desplegó la operación Atarraya, con la que clausuró bares, comercios de venta de cerveza, incluso barberías y estéticas porque al parecer las usaban grupos delictivos para el fomento, consumo o trasiego de sustancias ilícitas o aquellos cuyo funcionamiento está relacionado con delitos como extorsión, homicidio y trata de personas, entre otros.

En esa ocasión las inspecciones se realizaron en al menos 29 municipios y se aseguraron alrededor de 194 establecimientos. Los dueños de esos negocios protestaron por la presencia policiaca y denunciaron que les habían sembrado drogas.