El gabinete de seguridad analiza la posibilidad de que el Poder Ejecutivo, en coordinación con el Legislativo, impulsen modificaciones a las leyes de extradición y de amparo para que en un lapso razonable los jueces federales emitan su opinión respecto a la entrega de presuntos delincuentes a autoridades extranjeras y no haya posibilidad de que entorpezcan sus procedimientos durante meses o años, como ocurrió con los hermanos Miguel Ángel y Omar Treviño Morales, quienes durante más de una década interpusieron juicios de amparo para no ser trasladados a Estados Unidos.

Integrantes del gabinete de seguridad aseveraron que desde hace unos meses diversas instituciones trabajan en proyectos de reforma al Código Penal y otras legislaciones a fin de hacer mejoras en cuanto a su aplicación.

Por ejemplo, explicaron, hay integrantes de la delincuencia organizada –distintos a los 29 capos entregados el pasado febrero a autoridades de Estados Unidos– que no han podido ser puestos a disposición de jueces que los reclaman porque sus defensores presentan recursos de amparo que impiden su extradición, y los juzgadores otorgan suspensiones que imposibilitan la resolución administrativa para su envío.