Con la información de 101 millones de personas, el padrón electoral es la base de datos personales (generales y biométricos) más grande del país, integrado y actualizado por el Instituto Nacional Electoral (INE).

El principal producto derivado del padrón es la credencial para votar con fotografía que desde hace décadas sirve no sólo para el ejercicio de los derechos políticos, sino como el documento de identidad más aceptado.

Al mismo tiempo, el INE ha firmado convenios con instituciones para contrastar datos específicos; a partir de mecanismos electrónicos, el instituto recibe miles de solicitudes todos los días, por ejemplo de los bancos, para confirmar datos biométricos de sus clientes y, por tanto, tener certeza de la identidad de quienes acuden a sus ventanillas.

Asimismo, desde 2016, estableció acuerdos con fiscalías de justicia –entre otras instancias– para la búsqueda de personas desaparecidas e identificación de cadáveres, a partir de contrastar los datos que le proporcionan las autoridades de justicia con el banco de huellas dactilares y de fotografías de rostro, es decir, del padrón a cargo de la dirección del Registro Federal de Electores (RFE) del INE.

Más de 100 millones

Al corte anual más reciente, correspondiente a 2024, el padrón electoral tenía los registros de 101 millones 15 mil 235 adultos, de los cuales 99 millones 346 mil 201 (lista nominal) contaban con credencial para votar actualizada.

La vigencia de esta base es posible por los trámites diarios como inscripción a este instrumento, reincorporación, corrección de datos, cambio de domicilio, reposición de credencial, corrección de dirección y remplazo.

Solamente de este tipo de actividades, la dirección del RFE hizo el año pasado 14.8 millones de trámites exitosos.

Igualmente, el padrón puede mantenerse vigente con los avisos de defunciones y otros motivos de baja, como la pérdida de derechos políticos (personas sentenciadas), así como las reincorporaciones por trámite, por notificación judicial y por exclusión indebida.

El INE tiene la responsabilidad de detectar registros duplicados, domicilios irregulares o anular trámites que se abrieron a partir de documentación apócrifa o usurpación de identidad; solamente de esta última causa, el año pasado se detectaron 98 casos.