on 291 votos a favor, 158 votos en contra y 12 abstenciones, el pleno de la Cámara de Diputados determinó desechar la solicitud de desafuero en contra del legislador de Morena y ex gobernador de Morelos Cuauhtémoc Blanco Bravo. La mayoría que rechazó el pedido de la fiscalía morelense estuvo conformada principalmente por legisladores de Morena, Partido Verde y PRI, mientras Acción Nacional, Movimiento Ciudadano y casi toda la bancada del Partido del Trabajo se manifestaron por desaforar al ex futbolista a fin de que responda a la acusación de violación que pesa en su contra. En este mismo sentido votaron 25 diputadas del partido gobernante disidentes con sus correligionarios en un asunto que toca de manera directa el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia.
No debe perderse de vista que en la votación de ayer no se discutió la inocencia o la culpabilidad de Blanco Bravo, sino la posibilidad de que fuera juzgado como cualquier otro ciudadano sobre quien existen sospechas de conducta delictiva. Al evaluar la solicitud de desafuero, la comisión instructora del Legislativo no se erige en tribunal: recibe los elementos presentados por el Ministerio Público y, si éstos tienen mérito, levanta la inmunidad para que se siga el debido proceso. Dicha inmunidad, o fuero, se estableció con el propósito de defender a los hacedores de leyes ante actos arbitrarios de la autoridad, en la idea de evitar que se les judicialice como forma de represalia o coacción al elaborar o votar normas. Ello no significa una libertad para vulnerar la ley o gozar de impunidad, y mantener el fuero cuando se les acusa de hacerlo, violenta el principio con que fue creado.
Es lamentable que casi dos terceras partes de los diputados hayan decidido proteger sin ninguna razón de fondo a alguien señalado por un delito cuyas responsabilidades deberían desahogarse en tribunales como ocurriría con el resto de los ciudadanos. Con su voto, los legisladores de Morena debilitan la autoridad moral de un partido cuyos gobiernos han emprendido una lucha contra la impunidad, la corrupción y los privilegios del poder, con el agravante de coincidir con un adversario histórico tan desacreditado como el PRI. Esta bofetada a las normas que dieron vida al Movimiento Regeneración Nacional sienta un precedente de desconfianza y pérdida de credibilidad en la representación morenista en San Lázaro, sembrando la duda de si en un futuro habrá alguna acusación con la suficiente fuerza para activar el mecanismo de desafuero.
De momento, es claro que se ha inhibido la impartición de justicia y protegido la impunidad. Adicionalmente, se ha generado un descontento en la fracción parlamentaria morenista cuyos efectos están por verse.
Con este desenlace, los señalamientos contra el ex gobernador quedan estancados en una incógnita nociva para la confianza ciudadana en las instituciones, para el partido gobernante, para todas las mujeres del país e incluso para el propio acusado, quien pierde la oportunidad de fundamentar su inocencia y queda manchado por la duda. Por todo lo anterior, debe deplorarse que 291 legisladores privilegiaran el espíritu de cuerpo sobre el espíritu de justicia.
