La audiencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coridh) en la que el Estado mexicano comparecerá por el feminicidio de Lilia Alejandra García Andrade, hace 24 años, representa una oportunidad para revisar las políticas públicas en la materia y obligar a las autoridades a impulsar garantías de protección integral de niñas y niños en situación de orfandad por este delito, señalaron los representantes legales que acompañan el caso.

Karla Michel Salas, directora del Grupo de Acción por los Derechos Humanos, enfatizó que uno de los puntos fundamentales en la revisión de esta investigación es que la Corte resuelva que la violencia sexual ejercida contra Lilia Alejandra y muchas otras víctimas, sea considerada en la jurisprudencia internacional como una forma de tortura, la cual, además de ser cometida por agentes del Estado, también lo es por particulares.

En conferencia de prensa, confió en que se condene al Estado mexicano por el incumplimiento a lo establecido en la sentencia del caso Campo Algodonero, aunque se haya argumentado la prescripción de las responsabilidades penales.

Como parte de las medidas de reparación, añadió, se busca que se determine un mecanismo específico para investigar el feminicidio contra Lilia, cometido el 14 de febrero de 2001, en Ciudad Juárez, Chihuahua.

Aseguró que se cuenta con evidencia científica y el perfil genético de los agresores, por lo que con la debida diligencia es posible detener a los responsables y desmantelar al grupo criminal autor de este y otros delitos.

Norma Andrade, madre de la víctima, dijo que espera que con la llegada del caso a la Coridh se castigue a los funcionarios responsables por su negligencia en las investigaciones, que permitieron que estos crímenes continúen en la impunidad.

Al respecto, David Peña, coordinador jurídico de la organización, mencionó que a 24 años del feminicidio de Lilia Alejandra sólo se ha presentado una denuncia contra un agente del Ministerio Público, que fue exonerado; a la fecha, no hay ningún funcionario público sancionado por la deficiente investigación, omisiones, revictimización y por cerrar las investigaciones.

Apuntó que lo que se pretende es que el caso tenga impacto en todo el marco regulatorio mexicano en materia de feminicidios y desapariciones, a fin de que la Coridh fije medidas estructurales y garantías de no repetición que cambien el patrón sistemático que se sigue repitiendo en estos delitos.

El caso de Lilia Alejandra fue presentado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 2002 y, después de 21 años de ser estudiado, fue remitido a la Corte Interamericana en diciembre de 2023. La audiencia está programada para mañana, y después de ello correrá un periodo de 30 días durante el cual las partes expondrán sus alegatos finales.

Se espera que la sentencia se emita en la última recta de este año.