En el Día Mundial del Agua, seis colectivos y organizaciones no gubernamentales –que en la última década han luchado por visibilizar y frenar la contaminación industrial de la Cuenca del Alto Atoyac– exigieron a los gobiernos un plan de rescate y saneamiento de los ríos Zahuapan, Atoyac y Alseseca, con la auténtica participación de ciudadanos y las comunidades.

Afirmaron que en Puebla fracasó el modelo mercantilista de la privatización del agua, saneamiento, drenaje y alcantarillado; mientras que en la era de la transformación exigieron nunca más un gobierno sin la inclusión activa del pueblo.

En un comunicado, sostuvieron que la grave contaminación en la Cuenca del Alto Atoyac es resultado del poder económico y gobernantes omisos, que han provocado un infierno ambiental en los ríos que atraviesan los estados de Puebla y Tlaxcala.

Entre los firmantes se encuentra el Colectivo por el Bienestar Social, la Organización Nacional de Ordenamiento y Defensa del Territorio (Onodet), la Defensa Colectiva del Agua en Puebla, la Asamblea Social del Agua (ASA), las contralorías Nacional Autónoma del Agua y la Autónoma del Agua en el Estado de Puebla.

Destacaron que en el informe estratégico publicado por el Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías (Conahcyt) se reporta que los más afectados son dos grupos etarios: las y los niños entre cinco y nueve años quienes tienen más probabilidades de morir de leucemia, así como las y los jóvenes entre 15 y 25 que registran una mayor probabilidad de padecer enfermedad renal crónica.

Esto debido a que en la Subcuenca del Alto Atoyac viven más de 4 millones de personas y es la segunda más contaminada del país, después del Lerma-Santiago.

Durante la última década, expusieron que se ha hablado de encontrar soluciones a la problemática de la contaminación, pero hasta ahora todo se ha quedado en diagnósticos, discursos mediáticos y eventos populares que no pasan de recoger la basura más visible en algunos parajes de la ribera de los ríos.

A la fecha, afirmaron que no ha sido presentado un plan integral de saneamiento del Atoyac ante las y los especialistas, tampoco se ha convocado a organizaciones expertas en la materia, ni mucho menos se ha consultado a la población.

Informaron que el río Zahuapan-Atoyac tiene un caudal de aguas contaminadas de 5 mil litros por segundo en época de estiaje, y los contaminantes más tóxicos provienen de las empresas instaladas a la orilla del afluente, principalmente las asociadas a la industria automotriz, metalúrgica, petroquímica y textil, que descargan sus aguas residuales sin el debido tratamiento.

En esas circunstancias, acusaron que la empresa Concesiones Integrales SA de CV o Agua de Puebla es responsable de la descarga de 3 mil litros por segundo de aguas residuales directamente al Atoyac, lo que representa 75 por ciento del total del caudal referido (Zahuapan-Atoyac).

Cotidianamente, la empresa Agua de Puebla descarga más líquido sin tratar que las otras empresas que también lo hacen. Esta liberación indiscriminada de aguas residuales es un flagrante incumplimiento con lo establecido en el contrato de concesión, lo que debería implicar sanciones, reparación del daño y la revocación del contrato, sostuvieron.

Señalaron que el colmo es que Concesiones Integrales alega falta de capacidad financiera, pero obtiene ingresos anuales por más de mil millones de pesos, mientras que Puebla anunció un gasto público de 400 millones de pesos en el mantenimiento de plantas tratadoras.

Obstruyen proyectos de salud pública

Las ONG afirmaron que el monitoreo y análisis de calidad del agua están controlados por empresas privadas dedicadas a otorgar dictámenes a modo porque el gobierno no cuenta con la infraestructura necesaria.

En ese sentido, coincidieron que podría empezar con un análisis fiscal que evidencie el tipo de contaminantes que se emplean en los procesos productivos y contrastarlo con sus reportes de descarga. Esto no excluye la necesidad de un sistema de monitoreo de la calidad del agua mediante análisis químico de las descargas.

También plantearon la necesidad de continuar con la construcción de la segunda y tercera fases de macro colectores y plantas de tratamiento.

Sin embargo, denunciaron que hay obstrucción de estos proyectos de salud pública por intromisiones, dinámicas electorales y la falta de voluntad política de quienes pueden tomar decisiones y no lo han hecho.

Como sentenciaba el ex presidente Andrés Manuel López Obrador y hoy lo reafirma la mandataria Claudia Sheinbaum Pardo: es necesario separar al poder económico del poder político, refirieron.

En ese sentido, dijeron que el sistema público de salud no tiene por qué seguir cargando con los costos que genera el incumplimiento de las normas oficiales, tampoco deben seguir condicionando la calidad de vida para que unos cuantos malgasten algunos pesos o se los queden.

Al final, resaltaron que el principal obstáculo para el saneamiento del Alto Atoyac es el poder económico que se ha impuesto sobre el derecho a vivir en un ambiente sano, a acceder al agua suficiente y de calidad y, sobre todo, al derecho de nuestras hijas e hijos a no vivir condenados a padecer trastornos en su neurodesarrollo, enfermedades renales crónicas y cardiovasculares, diabetes, daño genotóxico y cáncer.