n México, como en el resto del mundo, la implantación de las políticas neoliberales significó retrocesos catastróficos en derechos sociales como el trabajo, la vivienda, la educación y la salud, los cuales fueron clasificados como mercancías cuyo acceso quedó sujeto a los caprichos del mercado. Aunque nunca dejaron de existir hospitales y escuelas públicas, sufrieron un desfinanciamiento sistemático que generó el deterioro en la atención a pacientes y estudiantes, el freno en la construcción de nuevos centros educativos y de salud, una embestida contra las conquistas laborales de los docentes, la saturación de los nosocomios y un desaprovechamiento infame de las capacidades de los jóvenes, tanto porque las condiciones pedagógicas distan de ser óptimas como por las altas tasas de rechazo en la educación superior.
Las problemáticas derivadas de los recortes presupuestales se vieron agravadas por la rampante corrupción que carcomió a las instituciones en todos o casi todos los niveles, y por la cual ni siquiera los exiguos recursos canalizados por la Federación alcanzaban a sus destinarios. Aunque en los años recientes se han lanzado esfuerzos oficiales para sanear los aparatos burocráticos y garantizar los derechos a la salud y la educación, está claro que México se encuentra muy lejos de satisfacer las necesidades de los ciudadanos. En este sentido, la derogación de algunas de las contrarreformas neoliberales es una medida necesaria pero insuficiente para el rescate de los sectores educativo y de la salud.
La inercia presupuestal no ha logrado romperse y, si bien la racionalización del gasto ha liberado recursos que antes se perdían en la corrupción y el gasto suntuario de los altos funcionarios, la situación de escuelas y clínicas indica que se requiere destinar mucho más a fin de superar los rezagos y cumplir con el compromiso de universalizar el acceso a estos derechos. Las autoridades deben escuchar los reclamos que el personal sanitario y el magisterio les presentan desde sus sitios de trabajo, en los medios y en las calles, así como aceptar que las exigencias van más allá de los intereses particulares de médicos, enfermeros o educandos, pues tocan a la dignificación de los servicios y la provisión de los insumos necesarios para el desempeño de sus labores. Entre las principales urgencias debe mencionarse el mejoramiento de la infraestructura educativa, en la que faltan desde las aulas mismas hasta bibliotecas, salas de cómputo o un elemento tan básico como bebederos de agua potable.
Además, es urgente trascender el inmediatismo y abordar los desafíos futuros, desde el envejecimiento demográfico que demandará cada vez más personal para atender a las personas de la tercera edad, con padecimientos de complejidad creciente cuyos tratamientos pueden prolongarse por años. En el rubro educativo, la explosión de nuevas tecnologías obliga a dotar a los estudiantes de herramientas técnicas, pero también éticas, sin las cuales no podrán sumarse a la producción del conocimiento o, peor, lo harán de formas nocivas para sus comunidades.
En suma, sin desdeñar los avances ni la voluntad de entendimiento mostrada en hechos como el retiro de la iniciativa de reforma a la Ley del Issste en tanto se dialoga con el magisterio, es ineludible encarar la necesidad de aumentar los presupuestos en materia de salud y educación, incluso si ello supone tomar medidas fiscales evitadas hasta el momento.
