La Cámara de Diputados puso en pausa la discusión en el pleno de las leyes general del sistema nacional de seguridad pública y del sistema nacional de investigación e inteligencia, para negociar cambios propuestos por Morena, PT y PAN, entre otros, para matizar el alcance del registro nacional de usuarios de telefonía móvil.

El blanquiazul informó que planteó dos reservas: una, para que el registro de usuarios se constituya, pero sólo con la vinculación del número y el nombre de las personas, sin exigirles datos biométricos, y se precise que el instrumento no se utilizará para espionaje extrajudicial, y que las madres buscadoras de desaparecidos sean auxiliares del Ministerio Público en las indagatorias.

Para Acción Nacional, el registro de usuarios de telefonía es una herramienta que necesita el Estado para combatir el crimen organizado, y si bien hay un voto de confianza al secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, por sus resultados, existen experiencias de espionaje a la oposición sin que existiera autorización de un juez de control.

Incluso, planteó que la bancada acompañaría la integración del registro, pero “con algunos candados”, para evitar que funcionarios distintos al titular de Seguridad hagan mal uso de la información.

El coordinador de Morena, Ricardo Monreal Ávila, informó que las bancadas de PAN y PT, así como integrantes de su fracción le pidieron hacer un último esfuerzo en estos días para hacer cambios a los dictámenes aprobados el miércoles en comisiones. Va a modificarse una parte sustantiva. Vamos a ver qué procede todavía. Estamos en el proceso de análisis, dijo.

Manuel Espino (Morena), quien la víspera criticó lo apresurado del debate sobre la legislación, informó que registró tres reservas y que empresas privadas de seguridad se acercaron para expresar su preocupación porque la ley del sistema nacional de seguridad pública las trata como si fueran entes públicos, pues se prevé que sean auxiliares en la función de seguridad pública.