Maiquetía. Más de 300 migrantes de Venezuela varados en México regresaron ayer a su país en medio de una nueva crisis con Estados Unidos, que exigió a la nación caribeña retomar el traslado semanal de quienes Washington decida deportar, poco después de que el gobierno de Donald Trump envió a un número no determinado de venezolanos a una cárcel salvadoreña y de quienes se desconoce su paradero específico.

Un avión de la sancionada línea estatal Conviasa llegó al aeropuerto de la ciudad venezolana de Maiquetía (pasadas las 11:30 hora local) con 311 pasajeros, incluidos 21 menores de edad que viajaron solos.

El ministro del Interior, Diosdado Cabello, al recibir el grupo de migrantes, quienes ondeaban banderas venezolanas, prometió que en la medida en que tengamos compañeros (en México) mandamos el avión y los traemos, además, sobre sus connacionales que llegaron a El Salvador el 15 de marzo, acusó que fueron secuestrados por el gobierno del país centroamericano.

Washington reaccionó al vuelo desestimando que se trate de una operación de deportación. (El presidente Nicolás) Maduro y sus cómplices continúan mintiendo, escribió en X la oficina para el Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, que dirige Marco Rubio. Maduro debe dejar de engañar y (en cambio debe) programar vuelos de repatriación consistentes y semanales, exigió Washington, luego de que Rubio, amenazó con nuevas sanciones.

Caracas no dijo que se trataba de deportaciones de Estados Unidos, sino de una repatriación dentro del plan Vuelta a la Patria lanzado en 2018.

Venezuela está lista para reanudar los vuelos, dijo Jorge Rodríguez, jefe de las negociaciones con Estados Unidos, a la espera de que se den las coordinaciones necesarias.

Cabello destacó que los retornos vía aérea se pueden hacer con México porque es un gobierno respetuoso con Venezuela, al tiempo que añadió que cuando ellos (Estados Unidos) estén listos, nosotros también.

Según el medio estadunidense USA Today, un juez federal consideró lamentablemente insuficiente la respuesta del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a su petición de más información sobre la expulsión de venezolanos, que fueron recluidos en una prisión salvadoreña, bajo la Ley de Enemigos Extranjeros, que data de hace de más de 200 años y que sólo se ha aplicado durante la Segunda Guerra Mundial.

El impartidor de justicia James Boasberg requirió información detallada sobre la deportación del pasado sábado, así como la cantidad de personas que transportaron y el lugar donde arribaron, en tanto, continúa la evaluación sobre si el gobierno que encabeza el magnate desacató sus órdenes ese día; mientras bloqueó temporalmente las deportaciones, en lo que se debate si son justificables.

La fiscal general Pam Bondi, quien lideró antier a los abogados del Departamento de Justicia, argumentó que exponer detalles sobre las expulsiones conducirían a un daño catastrófico en materia de relaciones exteriores. Entiendo que los secretarios del gabinete están considerando activamente la posibilidad de invocar el privilegio de secreto de Estado sobre los demás hechos solicitados por la orden del tribunal, manifestó Robert Cerna, director interino de la oficina de campo de Inmigración y Control de Aduanas, en Harlingen, Texas, de donde partieron los vuelos, sin responder a Boasberg.

USA Today añadió que el Departamento de Justicia solicitó al tribunal de apelaciones del circuito del distrito de Columbia la anulación de la orden del magistrado Boasberg que detiene las deportaciones bajo la Ley de Enemigos Extranjeros, asimismo, el mencionado tribunal fijó una audiencia para el lunes en la que se espera se presenten argumentos.