Washington. La administración de Donald Trump expulsó a 238 migrantes sin papeles a El Salvador, a pesar de la orden de un juez federal que prohibía de manera temporal las deportaciones bajo una declaración de guerra del siglo XVIII dirigida a miembros de pandillas venezolanas, informaron funcionarios ayer.

Los vuelos ya habían partido en el momento de la decisión. El juez federal de distrito James E. Boasberg emitió una orden el sábado por la noche bloqueando las deportaciones, pero los abogados le informaron que ya había dos aviones con migrantes en el aire: uno con destino a El Salvador y el otro a Honduras, reportó Ap.

Boasberg ordenó verbalmente que los aviones regresaran, pero no incluyó la directiva en su orden escrita.

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, aliado de Trump que acordó albergar a unos 300 migrantes durante un año a un costo de 6 millones de dólares en las prisiones de su país, confirmó la reclusión de los migrantes. No hubo reportes sobre enviados a Honduras.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, respondió ayer en un comunicado a las especulaciones sobre si el Ejecutivo desafiaba las órdenes judiciales: “El gobierno no ‘se negó a cumplir’ con una orden de la corte. La orden, que no tenía un fundamento legal, se emitió después de que los extranjeros terroristas del Tren de Aragua ya habían sido retirados del territorio de Estados Unidos”.

“Oopsie… Too late” (demasiado tarde), escribió en inglés Bukele, en X, en referencia a la nota sobre el fallo del juez Boasberg publicada en el New York Post.

Ese mensaje fue compartido nuevamente por el director de comunicaciones de la Casa Blanca, Steven Cheung.

El secretario de Estado, Marco Rubio, quien negoció el acuerdo con Bukele para encarcelar a migrantes, publicó en la misma red: “Enviamos a más de 250 miembros del Tren de Aragua, que El Salvador ha acordado mantener en sus muy buenas cárceles, a un precio justo que también ahorrará dinero a nuestros contribuyentes”.

Los migrantes fueron expulsados luego de que Trump invocó la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, que sólo se ha utilizado tres veces en la historia de Estados Unidos.

La ley, invocada durante la Guerra de 1812 (que enfrentó a Estados Unidos con Reino Unido y sus territorios canadienses), así como en las dos guerras mundiales, requiere que un presidente declare que el país está en guerra, otorgándole poderes extraordinarios para detener o expulsar a extranjeros que de otro modo tendrían protecciones bajo las leyes de inmigración o penales. Se utilizó por última vez para justificar la detención de civiles japoneses-estadunidenses durante la Segunda Guerra Mundial.

La Unión Estadunidense por las Libertades Civiles (ACLU), que presentó la demanda que llevó a la orden de restricción temporal de Boasberg sobre las deportaciones, indicó que estaba preguntando al gobierno si las expulsiones a El Salvador eran en desafío a la corte.

Trump aprovechó la situación de la pandilla durante su campaña para pintar imágenes engañosas de comunidades que él afirmaba estaban tomadas, por lo que en realidad eran un puñado de infractores.

Aún no los identifican

La administración Trump no reveló el nombre de los migrantes expulsados ni ha proporcionado evidencia de que sean miembros del Tren de Aragua o que hayan cometido algún delito en Estados Unidos. También envió a dos presuntos cabecillas de la pandilla salvadoreña MS-13.

Bukele publicó en X que los migrantes fueron trasladados al Centro de Confinamiento para Terroristas (Cecot), por un periodo de un año.

Un video publicado por el gobierno de El Salvador mostró a hombres saliendo de aviones en una pista de aeropuerto rodeada de oficiales con equipo antimotines. Fueron transportados a prisión en un gran convoy de autobuses custodiados por vehículos policiales y militares, y al menos un helicóptero. Luego los hombres fueron arrodillados mientras les afeitaban la cabeza antes de ponerse el uniforme completamente blanco de la prisión y siendo colocados en celdas.

Los migrantes fueron llevados al Cecot, la prisión más grande de América Latina, donde las condiciones de reclusión violan los derechos humanos, según han denunciado diversas ONG.

Trump replicó el video de Bukele en sus redes sociales y le agradeció por su comprensión de esta horrible situación, de acuerdo con el Washington Post.

Steve Vladeck, profesor de derecho en la Universidad de Georgetown, explicó que la orden verbal de Boasberg de hacer regresar los aviones no era técnicamente parte de su orden final, pero que el gobierno Trump claramente violó su espíritu.

“Básicamente, cualquier ciudadano venezolano en Estados Unidos puede ser expulsado bajo el pretexto de pertenecer al Tren de Aragua, sin posibilidad de defensa”, advirtió en X Adam Isacson, de la Oficina de Washington para América Latina, grupo defensor de derechos humanos.

El litigio que causó la suspensión de las deportaciones fue presentado en nombre de cinco venezolanos detenidos en Texas que, según los abogados, estaban preocupados por ser acusados falsamente de ser miembros de la pandilla. Una vez que se invoca la ley, advirtieron, Trump podría simplemente declarar a cualquiera miembro del grupo criminal y expulsarlo del país.

Boasberg prohibió las deportaciones de esos venezolanos el sábado por la mañana cuando se presentó la demanda, pero amplió la prohibición a todas las personas bajo custodia federal que podrían ser objeto de la ley. Señaló que la ley nunca se había utilizado antes fuera de una guerra declarada por el Congreso y que los demandantes podrían argumentar con éxito que Trump excedió su autoridad legal al invocarla.

La prohibición de deportaciones se mantiene hasta por 14 días y los migrantes permanecerán bajo custodia federal durante ese tiempo. Boasberg programó una audiencia para el viernes con el fin de escuchar argumentos adicionales en el caso.

Una vez que estén fuera del país no hay mucho que pueda hacer, señaló Boasberg.