Global Exchange y una coalición de organizaciones internacionales denunciaron la explotación y el despojo sistemático de las tierras ancestrales del pueblo garífuna en Honduras, perpetrados por el empresario canadiense Randy Jorgensen, quien ha construido un imperio turístico en la bahía de Trujillo mediante la adquisición ilegal a costa de la expulsión y el desplazamiento de las comunidades.

En una conferencia de prensa virtual, Black Lives Matter Canadá, Co-Redes Negras por la Paz y la Justicia, Black Lives Matter South Bend y el Movimiento Popular por la Paz y la Justicia reportaron que esa situación, facilitada por la complicidad de los gobiernos de Canadá y Honduras, es una violación grave a los derechos humanos y un acto de colonialismo moderno que ha dejado cicatrices profundas en la población garífuna.

A pesar de enfrentar cargos legales por usurpación y posesión ilegal de tierras, Jorgensen, conocido como El rey del porno canadiense, ha operado con total impunidad, protegido por las estructuras de poder político y económico en esos países, señalaron.

El caso refleja una dinámica de poder desigual, advirtieron, donde el dinero y la influencia política permiten que empresarios extranjeros actúen con total impunidad, sin importar las consecuencias humanas y culturales.

Representantes de Global Exchange agregaron que esas acciones también han provocado la militarización de la región, actos de intimidación y el silenciamiento de las voces garífunas que se atreven a oponerse.

También subrayaron que la explotación de las comunidades no es un caso aislado, sino parte de un patrón histórico de colonialismo y racismo que ha marcado la relación entre las potencias económicas y las poblaciones afrodescendientes e indígenas en América Latina.

Los garífunas han denunciado que la situación ha generado una crisis humanitaria y cultural, pues muchas familias han sido forzadas a abandonar sus hogares ancestrales, al tiempo que la infraestructura turística de lujo se ha levantado sobre las ruinas de sus comunidades.

Aseguraron que las jóvenes han sido víctimas de explotación sexual y que los medios de subsistencia tradicionales, como la pesca y la agricultura, han sido destruidos debido a la privatización de las tierras y el acceso restringido a las costas.

La coalición internacional exigió que se tomen medidas inmediatas para frenar esas violaciones, así como que se garantice justicia para el pueblo garífuna, así como la expulsión inmediata de Jorgensen y sus asociados; que el empresario enfrente todos los cargos en su contra, la devolución de las tierras a la comunidad garífuna, la protección efectiva de los derechos indígenas, así como la implementación de una observación internacional para garantizar la seguridad y la justicia para el pueblo garífuna.