Jueves 13 de marzo de 2025, p. 25
Integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) iniciaron ayer un paro de 72 horas y bloqueos carreteros en los municipios michoacanos de Uruapan, Lázaro Cárdenas, Paracho, Zitácuaro, Hidalgo, Turicato, Maravatío, Múgica, Pátzcuaro, Puruándiro, Zamora, Tarímbaro y Zinapécuaroen rechazo a la reforma a la Ley del Instituto de Seguridad Social y Servicios de los Trabajadores del Estado (Issste).
Los docentes intensificaron el cerco del bulevar Industrial en Uruapan, a la altura de la planta de Petróleos Mexicanos, con cierres intermitentes a la circulación. El ingreso a Pátzcuaro también fue cerrado, así como la caseta de la vía de Zitácuaro a Toluca, estado de México.
Los inconformes rechazan la reforma a la ley del instituto y exigen su abrogación, así como una jubilación digna con pago en salarios mínimos; aumentos superiores a ciento por ciento en sus percepciones y estabilidad laboral.
También demandaron una matrícula garantizada y plazas automáticas para egresados de normales públicas, la derogación de la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros y restitución de los derechos laborales estipulados en el apartado B del artículo constitucional 123 B. Asimismo, pidieron poner alto a la discriminación y el acoso administrativo contra trabajadores del sistema estatal.
Anunciaron que el jueves las movilizaciones se trasladarán a Morelia con una marcha masiva, la cual partirá a las 9 de la mañana del Obelisco al Lázaro Cárdenas al palacio de gobierno, y se sumarán al paro nacional de 72 horas programado para los días 19, 20 y 21 de marzo.
Profesores jaliscienses suspenden actividades
En Jalisco, decenas de maestros protestaron con un paro de labores en varios planteles de Puerto Vallarta y marcharon de la Unidad Administrativa municipal hacia la delegación de Servicios Educativos del gobierno estatal.
Concluyeron su protesta en el hospital del Issste ubicado en la avenida Francisco Villa, donde gritaron consignas y exigieron a las autoridades desistir de cualquier intención de atropellar sus derechos laborales.