Bancos, administradoras de fondos para el retiro (Afores), casas de bolsa y de cambio y otras empresas que forman parte del sistema financiero y reciben recursos de personas físicas y morales requieren ajustes inmediatos a sus programas de prevención de lavado de dinero que respondan a las nuevas políticas del gobierno de Estados Unidos.

A partir de que el presidente Donald Trump calificó de terroristas a los cárteles del narcotráfico, las instituciones deben fortalecer sus sistemas de identificación del cliente para evitar el cierre de las operaciones que tengan en Estados Unidos o con empresas de ese país.

Sandro García-Rojas Castillo, especialista en prevención y detección de lavado de dinero, comentó que las instituciones deben actualizar sus metodologías para reconocer que ciertos clientes o transacciones antes catalogados sólo como alto riesgo por narcotráfico ahora podrían ser de muy alto riesgo.

Detalló que los manuales de cumplimiento deben incorporar referencias explícitas a la proscripción de trato con organizaciones terroristas designadas y sus asociados.

A su vez, deben asegurarse de que los encargados de su cumplimiento reciban capacitación específica sobre las implicaciones de la nueva política y las herramientas legales asociadas.

Para mitigar riesgos, las entidades deberán fortalecer las medidas de conozca a su cliente en sectores sensibles. Por ejemplo, usuarios corporativos en industrias que los cárteles suelen infiltrar (construcción, agricultura, transporte, seguridad privada, comercio de metales y combustibles).

García-Rojas afirmó que es necesario que las entidades financieras verifiquen a los beneficiarios finales reales y la procedencia de sus fondos. Las instituciones deben mantenerse alineadas con dichas guías y con los estándares internacionales del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que recomiendan un enfoque basado en riesgos, pero con tolerancia cero para financiamiento terrorista, comentó.

La política de Estados Unidos podría implicar la actualización de la lista de entidades o personas designadas, por lo que deberán estar habilitados los sistemas de filtrado en tiempo real de las instituciones financieras para bloquear cualquier intento de operación con ellas.

Si un beneficiario final o remitente está en lista, la operación no debe ejecutarse y se tiene que emitir un reporte a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

La Asociación Nacional de Centros Cambiarios y Transmisores de Dinero (ANCEC- TD) manifestó que el sector está actualmente reforzando las medidas de debida diligencia de sus clientes.

En junio próximo, México entrará a la quinta ronda de evaluación del GAFI, entidad que enviará a la UIF el cuestionario para conocer los avances en materia de efectividad que ha tenido la puesta en marcha de la regulación antilavado. El tema fue abordado por La Jornada en https://acortar.link/GUWYqj.