Ante la falta de consenso entre ministros, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dejó en pausa la votación de la propuesta de acuerdo con el que pretenden abrir el proceso para designar a tres de los cinco integrantes del nuevo órgano de administración judicial, que a partir del primero septiembre controlará los recursos y finanzas del Poder Judicial de la Federación (PJF) en sustitución del Consejo de la Judicatura Federal (CJF).

De acuerdo con fuentes del alto tribunal, se busca construir el consenso para asegurar la mayoría calificada de ocho votos de los 10 ministros, debido a que las ministras Lenia Batres Guadarrama y Loretta Ortiz Ahlf ya adelantaron su voto en contra al acusar que el grupo mayoritario en la Corte busca dar un albazo al hacer dichos nombramientos, pues esa facultad corresponderá a los futuros ministros elegidos por el voto popular que entrarán en funciones el primero de septiembre.

El acuerdo iba a ser discutido en la sesión del pasado lunes en sesión privada del pleno, convocada para ese fin por la ministra presidenta Norma Lucía Piña, pero se pospuso ante su inminente rechazo por la ausencia del ministro Juan Luis González Carrancá.

Según las fuentes, la presidencia que encabeza Piña busca nombrar a dichas personas con fundamento en la misma reforma judicial promulgada el 15 de septiembre de 2024, pues en el artículo sexto transitorio establece que el Tribunal de Disciplina Judicial y el órgano de administración judicial iniciarán sus funciones en la fecha en que tomen protesta las magistradas y magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial que emanen de la elección extraordinaria que se celebre en 2025. En esta misma fecha, el Consejo de la Judicatura Federal quedará extinto, es decir, el primero de septiembre.

Los cinco integrantes del órgano de administración judicial durarán en el cargo seis años, de los cuales tres son nombrados por el pleno de la Corte con mayoría de seis votos, una por el Poder Ejecutivo Federal y el otro por el Senado de la República mediante la votación calificada de dos tercios de sus integrantes presentes.

El pasado lunes, la ministra Lenia Batres señaló que la propuesta de acuerdo sólo hace sospechar que la actual administración de Piña quiere perpetuar su control sobre las finanzas del PJF, pero además está previniéndose de cualquier auditoría del actual ejercicio, lo que estaría constituyendo confesión de parte.