La entrega de 29 presuntos delincuentes ligados al crimen organizado al gobierno de Estados Unidos fue una decisión con fundamento legal adoptada por el Consejo de Seguridad, aseguró la presidenta Claudia Sheinbaum, quien destacó que tiene las facultades para delegar en esta instancia algunas decisiones. Fue legal, fue por un tema de seguridad nacional.

Desestimó las críticas que cuestionan la legalidad de esta decisión adoptada el primero de marzo, destacando que estaba amparada en la Ley de Seguridad Nacional. La mandataria subrayó que se sustentó en dos razones: la cooperación con el gobierno de Estados Unidos y porque se tenía la información que muchas de estas personas iban a ser liberadas. Por ello fue una decisión que adoptan en el Consejo de Seguridad sin mi presencia, quienes participaron en ese momento.

–¿No le preguntaron, no le dijeron a usted: vamos a tomar esta decisión?

–Fue una decisión en ese momento del Consejo de Seguridad –respondió Sheinbaum.

Presente en la conferencia, el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, sostuvo que esas decisiones se toman en razón de la propia ley, que es clarísima y que señala con toda precisión que, cuando hay un problema de seguridad nacional y hay una solicitud debidamente fundada y motivada por un gobierno extranjero, se tiene que dar de inmediato una respuesta por parte del consejo en el cual se puede llegar, incluso, a tomar la decisión precisa que se tomó en este caso.

Gertz recordó que la Ley de Seguridad Nacional fundamenta este tipo de decisiones, además de que es una legislación vigente desde hace más de 20 años. En esa legislación se establece con toda precisión cuáles son los elementos que se pueden invocar cuando hay un problema de gran envergadura.