Washington y Nueva York. No le dio ninguna pena al vicepresidente JD Vance arremeter contra gobiernos europeos el mes pasado en un discurso en Múnich donde los criticó por suprimir partidos neonazis como una violación a la libertad, mientras su propio gobierno está lanzando un asalto contra la libertad de expresión en Estados Unidos, desde los medios no alineados hasta disidentes universitarios.

Brendan Carr, nombrado por Trump director de la agencia reguladora de medios (FCC, por sus siglas en inglés), ha iniciado investigaciones contra las cadenas televisoras nacionales CBS, NBC y PBS (esta última, entidad pública) por su supuesto apoyo a la contrincante del presidente en la última elección y por ignorar órdenes para anular programas enfocados en la promoción de la diversidad, equidad e inclusión racial y de género en la programación. Trump ya ha amenazado que buscará eliminar el financiamiento federal para PBS y para la red nacional de radio pública NPR.

A la vez, la Casa Blanca ha prohibido que reporteros de la agencia de noticias más importante del país, Associated Press (Ap), acompañe al presidente en su avión con el resto de la prensa o de las conferencias de prensa en la Casa Blanca, por la negativa de la agencia de emplear Golfo de América para referirse al Golfo de México en sus reportajes. El presidente casi siempre rehúsa contestar preguntas de medios que no están alineados con él. En esencia, estas acciones son la continuación de la campaña electoral de Trump, en la cual casi diario declaraba que los medios no alineados con él eran el enemigo del pueblo.

Para combatir lo que percibe como enemigo, el presidente ha llevado repetidamente a los medios ante el Poder Judicial con demandas legales acusándolos de difamación, violaciones constitucionales, interferencia electoral y otras cosas, afirma Deborah Becker, reportera de la estación de radio WBUR en Boston. Lo que preocupa a Becker y a otros analistas es que las grandes empresas dueñas de los medios enfrentados con las demandas legales han decidido resolverlas al acordar pagar enormes sumas de compensación a un presidente activo, o sus aliados, para evitar juicios y también para no provocar la ira del mandatario.

Por ejemplo, Meta recientemente llegó a un acuerdo para resolver una demanda por atreverse a anular la cuenta de Trump en Facebook después del intento de golpe de Estado del 6 de enero de 2021 y pagar al presidente 25 millones de dólares. La Disney Corporation, dueña de la cadena nacional ABC, recién pagó 15 millones al presidente para resolver una demanda por difamación, y circulan versiones de que CBS podría pagar a Trump millones de dólares para resolver una demanda más.

La FCC (Comisión Federal de Comunicaciones), encabezada por Carr, tiene el poder de frenar fusiones empresariales que todas estas empresa están contemplando, y por lo tanto, desean evitar toda confrontación con esa agencia y sus jefes. “Si los tributos que están pagando al nuevo monarca –o en el caso de CBS, que está contemplando pagar– rendirán el fruto esperado, veremos”, escribió Jameel Jaffer, director del Knight First Amendment Institute en la Universidad de Columbia (la primera enmienda de la Constitución garantiza la libertad de expresión). Lo que es seguro es que cada resolución debilita las libertades democráticas sobre las cuales dependen estas organizaciones de medios.

No son las únicas que están pagando tributo. El Washington Post, cuyo dueño Jeff Bezos, formuló la consigna del rotativo: la democracia muere en la oscuridad, en respuesta a la primera elección presidencial de Trump, ahora ha decretado que la sección de opinión se dedicará exclusivamente a defender las libertades personales y el libre mercado. También negoció para que su otra empresa, Amazon, pague 40 millones a la primera dama, Melania, por un documental sobre su estancia en la Casa Blanca.

Y se anunció que los viejos programas de El aprendiz, el reality show protagonizado por Trump, estarán disponibles en la plataforma de streaming de Amazon. De vuelta, por aclamación popular, por primera vez en 20 años, tuiteó Trump ayer.

El Post sigue publicando notas críticas al presidente y su gobierno, así como los noticieros de las cadenas nacionales de televisión. Pero las demandas legales y la presión de agencias reguladoras del gobierno ahora encabezado por Trump obligan que los editores y periodistas en todos los medios sean mucho más cautelosos sobre el contenido crítico hacia el mandatario y sus aliados.

De manera paralela al asalto contra los medios, el presidente continúa intensificando sus ataques a la libertad de expresión de académicos y estudiantes universitarios, y el lunes su gobierno envió cartas a 60 universidades –incluidas Harvard, Columbia, Yale y cuatro del sistema de la Universidad de California– advirtiendo que podrían sufrir recortes de financiamiento federal si no limitan y controlan expresiones críticas de las políticas y la guerra de Israel contra el pueblo palestino. Columbia ya fue castigada con la anulación de 400 millones en fondos federales.

Estas cartas son en seguimiento al arresto y detención por agentes de migración el sábado del estudiante inmigrante palestino argelino Mahmoud Khalil, residente con documentos casado con una ciudadana estadunidense, por su participación en las protestas en Columbia contra la complicidad estadunidense en la guerra de Israel en Gaza. Un juez en la ciudad de Nueva York ha emitido una orden para frenar la deportación de Khalil hasta determinar la legalidad de la acción, pero Trump ha reiterado que ese estudiante sólo es el primero de muchos que deportará por participar en protestas contra la guerra de Israel que el presidente ha calificado de acciones pro Hamas y antisemitas.

La vocera de la Casa Blanca Karoline Leavitt afirmó ayer que de acuerdo con la ley de inmigración, el gobierno tiene el derecho de revocar una residencia permanente o visa de cualquier inmigrante que sea adverso a los intereses de la política exterior y seguridad nacional de Estados Unidos.

Pero esa afirmación está siendo disputada por expertos legales y hasta provocó la ira de una organización conservadora, la Fundación por Derechos Individuales y Expresión, que declaró que el gobierno federal no debe emplear la aplicación de las leyes de inmigración para castigar y filtrar videos desfavorecidos por el gobierno. Sin embargo, este tipo de acciones tiene una larga historia en un país que suele acusar a los extranjeros y otras naciones de amenazas cuando eso sirve para fines políticos.