La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo enviará una carta a congresistas de Estados Unidos y al mandatario de ese país, Donald Trump, para informar que los terrenos concesionados en Quintana Roo al gigante minero Vulcan Materials Company no fueron expropiados.

Las operaciones de la firma, recalcó, fueron suspendidas debido a que la empresa causó graves daños ambientales por la extracción de minerales en puntos en los que no contaba con autorización.

En la conferencia mañanera, se preguntó a la mandataria sobre la misiva que el viernes pasado 35 senadores estadunidenses enviaron al magnate. En el documento, los legisladores aseguran que dicha empresa fue objeto de un trato atroz, por lo que piden su intervención para que en el marco de las negociaciones con el gobierno de México logre que su par mexicana resuelva en favor de la minera.

Al respecto, la jefa del Ejecutivo destacó que el problema central es que la filial de Vulcan Materials, Sac-Tun (antes Calica), explotó minerales en áreas que no tenía asignadas legalmente, fuera de un terreno de 2 mil hectáreas que se le concesionó, el cual incluye una cantera de piedra caliza y un puerto de aguas profundas.

Nunca hubo expropiación, las tierras son de ellos, el terreno es de ellos. El problema es que se salieron completamente del área de explotación que tenían autorizada y se fueron a otras, afectando cenotes y acuíferos.

Sheinbaum recordó que en el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador primero se hizo un llamado de atención a la empresa y se le informó la situación; sin embargo, siguieron con la explotación.

López Obrador determinó entonces suspender las operaciones de la minera, cambiar el uso de suelo y declarar el terreno como área natural protegida. Dijo que la compañía debió sujetarse a la autorización de impacto ambiental que tenía, pero no la respetó. Ninguna empresa puede violar esa autorización; pero ellos ampliaron su zona de explotación.

También refutó otro señalamiento de los legisladores que en su carta aseguraron que el Tren Maya podría ser financiado por el Partido Comunista Chino. Al respecto, la Presidenta subrayó que ese proyecto se construyó con presupuesto público.

Lo pueden ver en los informes de la cuenta pública, todo lo que se invirtió en el Tren Maya es público, es recurso de las y los mexicanos que pagaron impuestos y que se regresó para construir la obra. Entonces, no hay financiamiento chino.

Ante la demanda que Vulcan Materials Company interpuso desde la pasada administración contra México en tribunales internacionales –en la que reclama mil 900 millones de dólares de compensación–, Sheinbaum aseveró que ha girado instrucciones a la secretaria de Medio Ambiente, Alicia Bárcena, para buscar que haya una salida negociada con ese corporativo y la solución no sea por medio del ámbito jurídico.

Puede haber distintas opciones y la idea es ver si están dispuestos, pero ahí ya no se puede seguir explotando por los impactos ambientales que causó esta extracción fuera del ámbito en donde tenían permitido.