Los abogados de los cuatro ex colaboradores de Silvano Aureoles Conejo, quien gobernó Michoacán de 2015 a 2021, que se encuentran presos por haber participado en el desvío de más de 3 mil millones de pesos, ofrecieron la posibilidad de llegar a un acuerdo reparatorio con la Fiscalía General de la República (FGR) a fin de que se retiren los cargos.

Sin embargo, para recuperar su libertad, los acusados deben declararse culpables de haber participado en los movimientos financieros con los que presuntamente se pagó ilícitamente a la empresa Inmobiliaria DIP la construcción de siete cuarteles de policía, con sobreprecio y simulando la prestación de servicios de mantenimiento y limpieza.

Lo anterior ocurrió ayer durante una audiencia que comenzó a las 11 horas y hasta el cierre de esta edición continuaba en desarrollo, pues no se había definido si los cuatro ex servidores públicos serían vinculados a proceso o no.

Para que la FGR acepte el acuerdo reparatorio, los involucrados deben declararse culpables de los delitos de peculado, operaciones con recursos de procedencia ilícita, asociación delictuosa y administración fraudulenta, lo cual significa que Aureoles Conejo fue responsable de los mismos ilícitos y tendría que ser juzgado y sentenciado por esos hechos, explicaron funcionarios del Poder Judicial de la Federación.

La defensa de Carlos Maldonado Mendoza, ex secretario de Finanzas, fue la primera representación legal en señalar la posibilidad del acuerdo reparatorio.

Sin embargo, los representantes legales de los imputados Mario Delgado Murillo, ex delegado de Finanzas de la Secretaría de Seguridad Pública; Elizabeth Villegas Pineda, ex delegada administrativa de la misma dependencia, y Antonio Bernal Bustamante, ex secretario de Seguridad, señalaron que la Inmobiliaria DIP ya pagó más de 900 millones de pesos al gobierno michoacano para subsanar las irregularidades en que incurrió, y pidieron que con esa cantidad se dé por cubierta la responsabilidad de los ex colaboradores del prófugo Aureoles Conejo.

Durante más de 12 horas, los representantes de los imputados y los agentes del Ministerio Público debatieron algunos elementos de prueba presentados por la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción, tratando de desvirtuar las acusaciones, entre ellas las firmas que aparecen en los contratos y disposiciones financieras con que se pagó a Inmobiliaria DIP la construcción de los cuarteles.

Para ello, la defensa de Maldonado Mendoza presentó un peritaje privado que señala que no todas las firmas corresponden a su cliente, pero la FGR pidió que se realizara otro análisis, pero de especialistas en grafología de la propia institución ministerial, y los abogados del acusado bloquearon esa posibilidad.