l lenguaje público pretende definir la realidad. Los políticos insisten en que la forma oculta el fondo, como si éste no se revelara a la mirada inmediata. La expulsión de varios narcotraficantes para ser juzgados en Estados Unidos pretende ser disfrazada con una figura jurídica para incumplir con la ley de extradición o los tratados internacionales relacionados con los derechos humanos en donde se prohíbe la remisión de una persona para ser juzgada con la posibilidad de recibir una pena extrema. El nombre no cambia al hecho: una persona sale de una prisión mexicana a una norteamericana para ser juzgada allá. Idéntica maniobra se hizo a principios del sexenio de Felipe Calderón sin amenaza de aranceles ni la invención de una figura jurídica. Cambian los partidos, no los hechos.
Se dice que en aquel país enfrentarán a la justicia, como si eso no pudiera hacerse en México. Esto sólo sucedería si fallara la reclusión carcelaria o la resolución judicial. Se insiste en el discurso público que se ha erradicado la corrupción (incluida la penitenciaria) y los jueces han dejado de ser el enemigo político en turno mediante la reforma judicial, realizada bajo el supuesto no demostrado de una corrupción general en juzgadores. Si el consejo de la judicatura se alineó con tal reforma al mandar las listas de juzgadores para que todos pudieran ver terminada su carrera judicial en la tómbola legislativa, nada impide a los integrantes de ese consejo seleccionar a los nuevos juzgadores de los asuntos relacionados con las personas trasladadas
para asegurar resoluciones acordes al interés público
. La posibilidad de que estas personas fueran sancionadas legalmente en México era relativamente fácil, a menos que se tuviera conciencia de errores en la investigación del fiscal. Hay carpetas de investigación tan mal integradas que ni siquiera los juzgadores más celosos en cumplir el interés público
podrían justificar una sentencia condenatoria.
El mensaje implícito refuerza lo dicho desde la anterior administración, y verbalizado por el presidente del senado, al establecer la intrascendencia de las decisiones judiciales: las resoluciones de los juicios de amparo, otrora temidas por las instancias públicas que sabían de las consecuencias penales relacionadas con desobedecer una resolución de amparo, son irrelevantes cuando impiden cumplir con un reclamo norteamericano, entre muchos otros supuestos. Hay más de un amparo anulado con tal envío de personas.
Se abusa del lenguaje para engañar. Los candidatos a jueces desean aparecer con motes en las boletas para ser relacionados con la justicia o el pueblo. Es al revés: los actos de los jueces les dan los apodos (el intransigente
, el enemigo
, el fifí
, etc.). Aunque se autonombren justos o del pueblo, serán sus sentencias y actos los que evidenciarán su condición. Entre más grande el apodo, menor el conocimiento judicial: el juzgador jurista actúa en el papel, sin ver a los políticos; el juzgador político actúa conforme al grupo político mayoritario, sin ver la ley.
El lenguaje público resulta inútil para hacer jurídico un acto político. La ley de seguridad nacional no anula a la ley de extradición ni a la disminuida ley de amparo. Si jurídicamente se pretendiera hacerlo, los legisladores deberían tener el cuidado de hacer buenas leyes para evitar errores discursivos. La teoría de estado obliga a que las leyes no se contrapongan, que sean tan claras que no lleven al equívoco, pero también que den la certeza suficiente para que los ciudadanos no estén atenidos a los tiempos políticos para saber si esas leyes realmente representan el espíritu de un país democrático.
