Washington y Nueva York. La demanda del gobierno de México acusando al fabricante de armas Smith & Wesson y a la distribuidora de armas Interstate Armas de traficar armas a cárteles en México fue tema de casi dos horas de audiencia en la Suprema Corte de Estados Unidos, pero el interrogatorio de varios de los nueve jueces pareció indicar que apoyarán la solicitud de los armeros de descartar la demanda mexicana.

Los argumentos orales realizados ayer sobre el caso tienen la intención de ofrecer a los jueces la información que requieren para determinar si apoyarán o no la solicitud de Smith & Wesson de descartar por completo la demanda o permitir que un tribunal inferior proceda con el caso presentado por México. Se espera un fallo a principios del verano.

La demanda civil interpuesta por México hace cuatro años contra varias armerías estadunidenses responsabilizándolas de nutrir la violencia armada de cárteles de droga en México y solicitando 10 mil millones de dólares en daños, había procedido en tribunales hasta que Smith & Wesson e Interstate Armas, dos de las empresas acusadas, apelaron a la Suprema Corte para frenar y descartar el caso.

Catherine Stetson, la abogada argumentando a nombre de México, afirmó que estas dos empresas suministraron deliberadamente al mercado mexicano ilegal al vender armas a través de un pequeño número de comerciantes que saben que venden un número grande de armas [empleadas en] crímenes y que de manera repetida venden a granel a los traficantes de cártel. Agregó que el tema a estas alturas no es si cada aspecto del caso presentado por México es verídico, sino si a México se le debe ofrecer la oportunidad para comprobar su caso.

Noel Francisco, abogado de los armeros, respondió que si Mexico tiene razón [en lo que argumenta], entonces cada organización de seguridad pública en Estados Unidos no detectó la conspiración criminal más grande de la historia operando aquí bajo sus narices, y Budweiser [la empresa cervecera] sería responsable por todo accidente cau-sado por bebedores menores de edad, ya que sabe que los adolescentes comprarán cerveza, conducirán ebrios y se estrellarán.

Las leyes estadunidenses otor-gan amplias protecciones a los fabricantes de armas contra demandas de este tipo, pero esas protecciones no se extienden si están conscientes de que sus productos son distribuidos de tal manera que llevan a violaciones de la ley. Pero en casi dos horas de agresivas preguntas de los jueces, tanto los de la mayoría conservadora como de la minoría liberal expresaron escepticismo sobre la capacidad del gobierno mexicano de comprobar su caso bajo las leyes actuales de Estados Unidos.

La juez liberal Elena Kagan señaló que la demanda de México no especifica quiénes son los comerciantes de armas a quienes el fabricante y el distribuidor de armas están ayudando, según la demanda. “¿A quiénes están ayudando en esta demanda?’, preguntó. Y otra juez liberal, Ketanji Brown Jackson, indicó en sus preguntas que pensaba que las leyes estadunidenses no permiten este tipo de demandas.

Sin embargo, las decisiones de los jueces frecuentemente no son fáciles de discernir en estas sesiones y, por ahora, se tendrá que esperar un fallo en unos meses. A la vez, el hecho de que el caso llegó a la Suprema Corte permitió que la demanda sin precedente de México tuviera un mayor perfil nacional dentro de Estados Unidos, con varios medios nacionales registrando la noticia.