La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito (Jufed) señaló que las acusaciones sin sustento realizadas por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, en contra de personas juzgadoras tienen como fin distraer la atención de la opinión pública ante las evidencias de que las últimas acciones en materia de seguridad han sido realizadas por presiones internacionales y no por el interés de proteger la integridad, vida y patrimonio de los mexicanos.

En conferencia de prensa del viernes, García Harfuch afirmó que la entrega a la Casa Blanca de 29 narcotraficantes se llevó a cabo porque existía riesgo de que algunos de estos objetivos solicitados por el gobierno de Estados Unidos fueran liberados o siguieran atrasándose sus procesos de extradición, derivado de acuerdos con algunos jueces que buscaban favorecerlos, como ya se había hecho en otras ocasiones y durante muchos años.

La Jufed asevera que “resulta evidente que dichas declaraciones irresponsables pretenden utilizar a las personas juzgadoras federales como pretexto para desviar la atención ante claros señalamientos de protección a ciertos grupos realizados por autoridades de Estados Unidos.

La afirmación de que existen acuerdos con jueces para favorecer intereses ilegales es absolutamente falsa y carece de cualquier sustento probatorio, dado que a la fecha no se ha presentado ninguna acusación, como se expuso al fundamentar la inconvencional reforma judicial y a lo largo del sexenio anterior.

La organización dirigida por la jueza Juana Fuentes Velázquez indicó que la seguridad y la justicia en México no se construyen con discursos que buscan deslegitimar al Poder Judicial ni con intentos de debilitar las instituciones, sino atacando las causas, acciones que no han sido realizadas sino hasta la denuncia de un gobierno extranjero.

Por ello, la Jufed pidió respeto a la labor jurisdiccional y exhorta a los representantes del Poder Ejecutivo a conducirse con responsabilidad y apego a la Constitución. Las lamentables condiciones de inseguridad en las que viven millones de mexicanos no han sido por causa de la actuación de los juzgadores, sino por responsabilidad directa de las autoridades, sobre quienes recae tal obligación constitucional.