La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aplazó la discusión de un proyecto que definirá si es válido o no el doble cobro del Impuesto al Valor Agregado (IVA) a maquiladoras, el cual se aplica cuando éstas importan insumos bajo la figura de retorno virtual de mercancías pero no cumplen con la regla de regresar el producto manufacturado al extranjero y termina por venderse en México.

El proyecto de la ministra Yasmín Esquivel Mossa fue frenado en la sesión ayer, tras una tensa discusión entre ministros y a solicitud de Lenia Batres Guadarrama, quien pidió que se incorpore el impacto presupuestal que ocasionaría dar la razón a las empresas al invalidar el cobro porque permitiría una evasión fiscal a gran escala y un potencial daño al erario público de hasta 250 mil millones de pesos.

El impacto que se nos comentó en las solicitudes de citas que tuvo el SAT o los funcionarios del SAT, con cada uno de los ministros es altísimo, calculan que por lo menos 46 mil millones de pesos podrían estar implicados, pero hacen cálculos hasta de más de 250 mil millones de pesos por efecto de la devolución, dijo Batres.

El retorno virtual de mercancías es un mecanismo que da facilidades fiscales a las empresas manufactureras a que importen mercancías temporalmente al país para su transformación o terminado, pero bajo la condición de que después el producto sea regresado a las empresas en el extranjero.

La Corte deberá definir el criterio jurisprudencial que debe prevalecer sobre este cobro, al resolver el expediente 8/2025 de contradicción de criterios entre tribunales.

Fuentes del alto tribunal señalaron que la ministra Esquivel Mossa repartió entre el pleno dos proyectos con resoluciones contrarias: uno a favor de las empresas (el primero que se votaría en la sesión) y el otro a favor del Servicio de Administración Tributaria (SAT).

La solicitud de aplazamiento de Batres causó que chocara con la ponente, Loretta Ortiz Ahlf, y otros ministros. Primero, los togados Alberto Pérez Dayán y Javier Laynez Potisek avalaron posponer la discusión, pero aclararon que no comparten el argumento de la ministra Batres sobre que el fallo debe guiarse tomando en cuenta el impacto presupuestal.

¿Qué significa esto? Si hay un gran impacto, la norma es constitucional, o si el impacto es menor o en otro grado, pues pudiéramos declararla inconstitucional. Con todo respeto, yo nunca compartiría como juez constitucional una decisión así y un razonamiento de este tipo, dijo Laynez.

Esquivel accedió a retirar su proyecto para estudiar las inquietudes de sus compañeros, pero chocó con la postura de Batres sobre que el no pago del IVA sería un fraude fiscal de gran escala.