La extradición de los 29 integrantes de la delincuencia organizada sería parte de un nuevo paradigma en el ámbito de la justicia, así como de la relación entre México y Estados Unidos, señaló Miguel Ontiveros Alonso, presidente de la Academia Mexicana de Ciencias Penales.

Lo que comenzó como acuerdo trilateral de intercambio comercial (T-MEC), dijo, evolucionará hacia un espacio común de protección de las víctimas, la seguridad ciudadana y la impartición de justicia. Este es el inicio de una nueva etapa que terminará con un modelo armonizado de combate a la delincuencia organizada entre los tres países, mediante un proceso similar al gestado en la Unión Europea.

Apuntó que habrá que confirmar que los tribunales colegiados negaron la protección de la justicia federal a quienes hayan, en su momento, interpuesto una demanda de amparo contra una petición de extradición, lo cual parece claro de conformidad con lo sucedido. Este hecho marca un antes y un después de la política criminal mexicana.

Para Sandino Rivero, abogado penal especialista en materia de derechos humanos, esto es algo inédito que marca una pauta por ser una extradicción masiva. Sin embargo, consideró que pudo haber alguna violación al debido proceso. No sólo eso, agregó que esto forma parte de una negociación con el gobierno estadunidense.

Explicó que la Suprema Corte ha dicho en su doctrina constitucional que México debe negar las extradiciones cuando existe un riesgo real de que las personas requeridas sufrirán violaciones inminentes y evidentes a sus derechos humanos en el país solicitante.

Todo esto se hizo sin respetar los procedimientos, ya que se realizó de manera fast track. Seguramente algunos tenían suspensiones que no se respetaron y en su caso pudo haber violaciones a sus derechos fundamentales en el contexto del procedimiento de extradicción.