n la primera reunión bilateral en materia de seguridad, celebrada ayer en Washington, los gobiernos de México y Estados Unidos acordaron una serie de acciones conjuntas para reforzar el combate al crimen organizado en la región, cuyo propósito central es reducir las muertes relacionadas con el consumo de fentanilo ilegal y el tráfico ilícito de armas de fuego. La delegación enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, conformada por el gabinete de Seguridad y otros altos funcionarios como el canciller Juan Ramón de la Fuente, dialogó con sus pares con base en los cuatro principios establecidos por la mandataria: responsabilidad compartida, confianza mutua, cooperación sin subordinación y respeto a la soberanía.
En este marco, las autoridades mexicanas extraditaron a Estados Unidos a 29 integrantes de la delincuencia organizada, entre quienes se cuentan cabecillas de alto perfil como los hermanos Miguel Ángel y Omar Treviño Morales, ex líderes de Los Zetas; Rafael Caro Quintero, fundador del cártel de Guadalajara y del llamado cártel de Caborca; o Antonio Oseguera Cervantes, Tony Montana, hermano de Nemesio Oseguera Cervantes, líder del cártel Jalisco Nueva Generación ( CJNG). Con este traslado, el gobierno federal deja de cargar con el alto costo financiero de mantener tras las rejas a dichos criminales, quita al presidente Donald Trump un pretexto más para sus extorsiones arancelarias y pone en un ridículo mayor aun del que se infligen a sí mismos los opinólogos empeñados en convencer a sus mermadas audiencias de un vínculo entre el Ejecutivo y los grupos delictivos. Asimismo, si se echa una ojeada a las docenas de extradiciones concedidas por el gobierno anterior, se verá que no existe un supuesto viraje –forzado por la agresividad del presidente estadunidense, según algunos– ni ruptura en esta materia.
Un día antes, Trump ya había anunciado que siguen en pie los aranceles de 25 por ciento a todas las mercancías procedentes de México, pero comenzarán a aplicarse hasta el miércoles 2 de abril. Ello representa el segundo aplazamiento de la guerra comercial que primero arrancaría a principios de febrero y luego el próximo martes 4 de marzo. Aunque nada puede descartarse al tratar con un sujeto tan caprichoso como el magnate, de momento se acumulan indicios que sugieren a las autoridades y la sociedad mexicanas no tomar demasiado en serio la amenaza tarifaria. El miércoles, por ejemplo, dijo que los aranceles no entrarían en vigor el 1º de abril porque es supersticioso, en alusión a que esa fecha corresponde al April Fools' Day, equivalente al Día de los Inocentes del mundo hispanohablante. Si a ello se suman las repetidas prórrogas a una medida que se publicitó como inevitable y el hecho de que en el ínterin se ha ido quedando, uno a uno, sin los pretextos que esgrimió en su primer día de regreso a la Casa Blanca para descarrilar la integración productiva norteamericana, parece claro que sería un error dejar que el miedo a los tributos aduaneros inhiba el funcionamiento de la economía nacional.
Ante la incoherencia trumpiana, lo mejor que puede hacer México es conservar la calma y proseguir el camino que se ha marcado, con las importantes tareas de transformación interna que buscan superar la barbarie neoliberal, así como con el proyecto económico propio que goza del respaldo tanto de una gran mayoría de la sociedad como de los principales actores de todos los sectores de la economía.
Es indudable que Trump está arrasando con la democracia y con los derechos básicos de los ciudadanos de su país, al tiempo que causa un sufrimiento inhumano a la comunidad migrante a la que tanto le debe su país. Sin embargo, México no puede inmiscuirse en los asuntos internos de Washington y hará bien en concentrarse en seguir mejorando las condiciones de vida de los connacionales que se encuentran aquí, con lo que también ampliará su capacidad de asistir a quienes retornen de manera forzosa.
