Especialistas en seguridad social calificaron de insostenible la propuesta de incrementar la aportación al seguro de salud de los trabajadores del Estado que ganen más de 10 unidades de medida y actualización (UMA), como plantea la iniciativa de reforma a la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste), enviada a la Cámara de Diputados el pasado 7 de febrero por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

En un encuentro para analizar la iniciativa que se discutirá en el Congreso de la Unión, convocado por la sección 7 de Chiapas, adherida a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), el doctor Gustavo Leal Fernández y la maestra Odilia Ulloa Padilla, expertos en seguridad social y sistemas de pensiones, alertaron sobre los efectos posiblemente lesivos de esta propuesta.

Leal Fernández subrayó que la actual Ley del Issste ya integra un pago progresivo, es decir, paga más quien gana más, como ocurre con los derechohabientes del Instituto Mexicano del Seguro Social.

Por ello consideró que el problema de fondo para un adecuado financiamiento de los servicios de salud de los trabajadores del Estado son los bajos salarios que perciben la mayoría, pues si sólo 10 por ciento gana más de 10 UMA (poco más de 34 mil pesos), la solución para garantizar mayores recursos a la atención a la salud es incrementar progresivamente los salarios.

La iniciativa dice que las cuotas y aportaciones del seguro de salud se apliquen sobre el salario integrado, cuando rebase las 10 UMA, a fin de captar más recursos que permitan al Issste financiar la prestación de servicios médicos en todas sus unidades.

Desatino financiero

Además, se busca facultar al Fondo de la Vivienda del Issste (Fovissste) con atribuciones para la adquisición, construcción, rehabilitación y renta de vivienda para los trabajadores del Estado.

Es evidente que el gobierno carece del margen fiscal presupuestario para dotar de los recursos que necesita el seguro de salud para funcionar, pero esos recursos no pueden salir de gravar a 10 por ciento de los trabajadores del Issste que están arriba de las 10 UMA, esto nos parece un auténtico desatino financiero, afirmó Leal Fernández.

Enfatizó que el desfinanciamiento del Issste no es responsabilidad de los trabajadores, sino de los gobiernos neoliberales, y ahora se tiene la posibilidad de abrir el diálogo y corregir de fondo.

Por su parte, la especialista Ulloa Padilla destacó que se nota una confección apresurada, que si bien propone incrementar la oferta de vivienda social, es pobre en su proyecto y en su diagnóstico, pues en el tema de vivienda sólo adiciona cinco artículos.

En el encuentro, en el que participaron profesores de todo el país, explicó que hay elementos que no considera la iniciativa de reforma a la Ley del Issste, como que los trabajadores puedan rentar por 10 años, y si han cumplido con este pago, puedan adquirir la vivienda.

Agregó que tampoco se incluye que las rentas no excedan 30 por ciento del ingreso, cuando se trata de personas vulnerables, y que se tenga acceso a la seguridad de la tenencia en la vivienda, elementos que sí fueron integrados en la reciente reforma al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit).