uestra reforma judicial será comprensible o será nada. Hace falta una didáctica profusa y cálida sobre las transformaciones constitucionales de fondo. Transparentar el vocabulario, evidenciar su historia, entender los protagonismos y consolidar otra justicia en manos de los pueblos. Contra la información falsa y el poder monopólico de los medios de comunicación que sustentan la guerra cultural de la extrema derecha. La comunicación es un campo de batalla donde se libran luchas por la hegemonía y la dominación simbólica. Nos urge una legislación igualitarista, con ética nueva que tribute a la revolución de la conciencia.

No tenemos en la Constitución una jerarquía jurídico-político profunda que habilite a los pueblos para la defensa de su identidad comunicacional de clase y para exorcizarse de la infiltración ideológico-burguesa del conglomerado mediático hegemónico. Como si no estuviese suficientemente claro el peligro que representa la ofensiva de las burguesías en todo el mundo. Como si no hubiésemos tenido muestras suficientes de la injusticia que representa el enmudecimiento de los pueblos y el costo de los engaños mediáticos contra las culturas. ¿Qué esperamos para elevar a categoría principal de justicia social el derecho a organizarse comunicacionalmente, con soberanía tecnológica, semántica y política? Necesitamos una legislación obediente a la Cuarta Transformación.

No tenemos inmersa en las garantías individuales y colectivas, la revolución comunicacional de las conciencias y la justicia semiótica salvaguarda independentista y revolucionaria de la 4T comunicacional. Como si no hubiese un arsenal mundial de contribuciones para el debate sobre la justicia de los pueblos que anhelan un derecho nuevo y fundamental a la comunicación. La Unesco, desde el Informe MacBride, ha abordado los temas de comunicación y legislación, especialmente en el contexto de los derechos humanos, la diversidad cultural y la libertad de expresión. El monopolio en la comunicación amenaza la democracia misma, porque limita la diversidad de opiniones y la capacidad de los ciudadanos de formarse un juicio propio.

En la convención sobre la protección y promoción de la diversidad de las expresiones exige el derecho soberano de los Estados a formular y aplicar sus políticas culturales y medidas para proteger y promover la diversidad de las expresiones (2005). En la Declaración de Windhoek sobre el desarrollo de una prensa libre, independiente y pluralista (1991) insta a los países a legislar para asegurar la pluralidad de voces en los medios (1994). En la Declaración de París sobre la libertad de expresión y la democracia reafirma a la libertad de expresión como pilar de la democracia que debe estar protegida por legislaciones adecuadas (2011).

Ante la digitalización de la comunicación abogan por la creación de marcos legales que que combatan la desinformación y protejan la privacidad de los usuarios (2019). Es imperativo que los estados desarrollen regulaciones que promuevan el acceso a información fiable, sin comprometer la libertad de expresión (2019). Defiende el multilingüismo y el acceso universal al ciberespacio por la importancia de la diversidad lingüística en Internet y la necesidad de legislaciones que aseguren el acceso universal a la información en múltiples idiomas (2003). El acceso universal a la información en Internet debe incluir la diversidad lingüística y cultural, y estar garantizado por leyes que apoyen esta pluralidad. Reconoce la diversidad cultural como un derecho humano, y promueve la creación de legislaciones que protejan y promuevan la diversidad en los medios de comunicación. La defensa de la diversidad cultural exige leyes que promuevan un entorno mediático plural y equitativo (2001). Todos sabemos que los medios no sólo fingen que informan, sino que también distorsionan las interpretaciones de la realidad a punta de emboscadas ideológicas.

En el Programa Internacional para el Desarrollo de la Comunicación (PIDC), la Unesco fomenta proyectos para la libertad de expresión y el desarrollo de medios independientes y pluralistas. En sus principios para la transparencia en los medios insta a los estados a promulgar leyes para evitar monopolios y concentraciones de poder (2018). La transparencia en la propiedad de los medios es fundamental para evitar concentraciones de poder que limiten la pluralidad. Estas declaraciones y documentos de la Unesco son un conjunto histórico y amplio de iniciativas y voluntades siempre interesantes, pero siempre insuficientes. La falta de una legislación que democratice los medios reduce la comunicación a juguete de vendedores usureros.

Sabemos muy bien que el modelo jurídico actual en materia de medios es heredero de una lógica mercantil que lo hace particularmente susceptible a la influencia de intereses económicos poderosos. Sabemos que hemos dejado en manos de mercachifles la producción, los medios y las relaciones de producción de sentido. Sabemos que nuestro entorno mediático está cada vez más gobernado por los mercados que por la justicia para la expresión social humanista. Con la buena voluntad de algunos gobiernos no nos alcanza, porque los medios de comunicación mercantiles se han convertido en la estructura de poder decisiva contra los intereses profundos de la sociedad restringiendo la realización plena de la justicia comunicacional para todos.

Hoy la comunicación no es el territorio natural de la reforma judicial, especialmente de la revolución de la conciencia para la justicia democratizada. La reforma judicial no juega un papel decisivo en el proyecto comunicacional nuevo que necesitamos con urgencia. Aunque ganemos elecciones. El poder democrático de los medios de comunicación, bajo el modelo actual, sigue socavado por imperativos económicos. Porque la industria cultural, como está hoy, fue diseñada para perpetuar la alienación y el control social en beneficio de las élites dominantes. No nos cansaremos de repetirlo, el peligro de reflujos y retrocesos civilizatorios está desatado en todo el planeta. Legislar y asegurar la Cuarta Transformación en los medios requiere una decisión política contra la guerra cultural de la ultraderecha. Urge un nuevo orden mundial de la información y la comunicación. Es hora de asumir el Informe MacBride actualizado como plan de lucha para el presente. Urge. Es necesario que las naciones promulguen leyes que garanticen la circulación de información, sin interferencias ni distorsiones por intereses económicos.