El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó ayer que las instituciones públicas de salud están obligadas a ofrecer servicios integrales de calidad y seguros que garanticen el derecho al aborto voluntario.

El fallo se dio al resolver en sesión pública, por unanimidad de 10 votos, la contradicción de criterios 110/2024 entre tribunales colegiados de Sinaloa, Chihuahua y Puebla, que cuestiona si los estados están obligados a brindar el servicio para la interrupción voluntaria del embarazo, a partir de que la Corte despenalizó esta práctica en septiembre de 2021 al emitir la acción de inconstitucionalidad 148/2017 contra artículos del Código Penal de Coahuila.

El ministro Alberto Pérez Dayán lamentó la postura del tribunal de Puebla, que desconoció la jurisprudencia de la Corte de 2021, que determinó la obligación del Estado de garantizar el derecho al aborto.

Debo recordar al tribunal colegiado (de Puebla) y a todos aquellos quienes pudieran seguir pensando así que las decisiones de esta Suprema Corte, tratándose de derechos humanos, no están circunscritas al ámbito territorial en el que ejerce jurisdicción un tribunal colegiado. Los derechos humanos son universales y aplican para toda la nación mexicana, aseveró.

El ministro ponente, Javier Laynez Potisek, señaló que las mujeres y personas con capacidad de gestar deben tener acceso universal a servicios amplios de salud sexual y reproductiva, por lo que es posible derivar obligaciones para implementar, difundir y organizar servicios médicos para garantizar dicho derecho. No basta con garantizar la libertad de decisión. Es fundamental contar con infraestructura médica adecuada, segura, accesible y de calidad, sostuvo.

La ministra Lenia Batres Guadarrama aseguró que reconocer dicho derecho más la disponibilidad de los servicios de salud para hacerlo efectivo han tenido impacto en la reducción de las muertes maternas relacionadas con aborto. Citó cifras del Inegi, que apuntan que el promedio anual de decesos de 2002 a 2007 fue de 89, mientras en 2024 fue 47.

En tanto, la ministra Margarita Ríos Farjat expuso que no se puede soslayar el panorama actual del aborto voluntario en el país, ya que por un lado la Corte señala la obligación administrativa de brindar este servicio de salud y por el otro subsiste en varios estados la norma penal que considera esta conducta como delito.

Esta es una situación que en los últimos años me ha parecido extraña. Si el aborto no es penalizable y se mantiene en los códigos penales, existe inseguridad jurídica que termina perjudicando a las mujeres más vulnerables, expresó.