l fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, recordó que la institución a su cargo ha solicitado en cuatro ocasiones la extradición de Ismael El Mayo Zambada; la primera de ellas, en el momento mismo en que se conoció su secuestro y traslado ilegal a Estados Unidos, el 25 de julio de 2024. Asimismo, puso al tanto a quienes no lo saben (o pretenden no saber) que México está obligado por la Convención de Viena sobre relaciones consulares a prestar asistencia a todos sus ciudadanos que enfrenten procesos penales en el extranjero, sin hacer distinciones con base en el estatus jurídico o los antecedentes de los involucrados. De este modo, el titular de la FGR salió al paso de políticos y opinólogos oportunistas que intentan instalar entre la opinión pública la percepción de que el gobierno federal realiza gestiones a favor del presunto narcotraficante o que, de manera aun más incierta, tiene vínculos con los grandes grupos del crimen organizado.
A quienes pretenden que las autoridades nacionales se desentiendan de la suerte de El Mayo, es necesario recordarles que toda la información disponible indica que un ciudadano mexicano, ubicado en territorio mexicano, fue víctima de un secuestro organizado y financiado por el gobierno del ex presidente Joe Biden. Por lo tanto, el asunto trasciende a la persona de Zambada para convertirse en una agresión a la soberanía mexicana que las autoridades tienen la obligación de investigar. Este deber se encuentra a todas luces por encima del ruido mediático creado por las derechas y por el equipo de abogados del supuesto capo del cártel de Sinaloa, el cual promueve revuelos a ambos lados de la frontera con la obvia –y comprensible, pues es su trabajo– intención de alcanzar un acuerdo con la Fiscalía del Distrito Este de Nueva York, con el fin de evitar una posible condena a muerte.
Con los constantes arrestos de cabecillas y operadores, los decomisos históricos de fentanilo y otras sustancias, la insistencia ante Washington para que frene el flujo de armas que provee poder de fuego a la delincuencia y con la reforma judicial –uno de cuyos objetivos centrales consiste en impedir que jueces corruptos sigan liberando a criminales peligrosos detenidos con grandes esfuerzos por parte de fiscalías y corporaciones policiales–, la administración pasada y la actual han demostrado su compromiso en el combate al tráfico de estupefacientes y a los generadores de violencia.
La mayor parte de la sociedad mexicana tiene la situación clara pese a los intentos con el objetivo de empañarla, por lo que no hay razones para cejar en la exigencia de que la Casa Blanca ofrezca explicaciones completas y creíbles sobre su participación en el delito de secuestro y, si así se considera necesario, devuelva a México a un connacional que sólo puede ser puesto a disposición de las cortes estadunidenses mediante los canales diplomáticos establecidos.
