onduras está en la mira de EU en 2025, dados sus acercamientos de cooperación e inversión con China (https://tinyurl.com/4jsvupht). Entre malabares geoestratégicos, Honduras celebra elecciones generales el 30 de noviembre.

Voces críticas como Radio Progreso aseveran que a pesar de la alternancia en el poder, las elecciones siguen careciendo de credibilidad. En 2021, el proceso generó un alto nivel de participación, lo que parecía una señal de fortalecimiento democrático. Sin embargo, en los años posteriores, las acciones del gobierno y los partidos políticos han erosionado la confianza ciudadana. Un sondeo del Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación de la Compañía de Jesús (ERIC-SJ) revela que 84.8 por ciento de la población desconfía de todos los partidos políticos, incluyendo el Partido Libre, en el poder (https://tinyurl.com/4p7smt74).

De acuerdo con Gilda Rivera, del Centro de Defensa de Mujeres, el trasfondo de la desconfianza en los partidos es el debilitamiento institucional de los derechos humanos, la continua denegación de justicia y los altos niveles de impunidad en el país. Ver entrevista junto al sacerdote Ismael Moreno (afectuosamente Padre Melo), quien llamó a este un año engañoso de elecciones (https://tinyurl.com/2debxyrf), pues cualquiera que sea el resultado, la criminalidad organizada es la que define el poder.

En este contexto, se da un nuevo paso en la justica a Berta Caceres al por fin instalarse un Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) en Honduras para la investigación de los autores intelectuales de su asesinato en 2016 y la reparación a comunidades afectadas, según un comunicado del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), del cual Berta era líder, y del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) (https://tinyurl.com/ycxdk24b). Se señala como responsable a la empresa Desarrollos Energéticos SA (DESA), que fomentaba la construcción de la hidroeléctrica Agua Zarca en tierras y aguas del pueblo lenca. El plazo de ejecución del GIEI será de seis meses, unos tres meses antes de las elecciones.

Copinh y Cejil reconocen la voluntad del Estado hondureño y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en la instalación del GIEI: Esperamos que su trabajo permita avances en el acceso a la verdad y la justicia para Berta, pero también en la reparación integral de las comunidades y en medidas de no repetición, para que hechos como los que enfrentó Berta no se repitan.

Sin embargo los asesinatos se han repetido. Juan López, líder del Comité de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos del municipio de Tocoa, asesinado el 14 de septiembre de 2024, había escrito para sus seguidores, a ocho años del asesinato de Berta, que ella “fue una persona de alta dignidad y moral pública, muy alta claridad política y de fina identidad ideológica, asesinada en el ejercicio de las relaciones de poder entre la corrupción y la criminalidad frente a la ética del cuidado… Junto a Berta conmemoramos a grandes seres humanos que han caído víctimas de la criminalidad empresarial y estatal. Su ejemplo y gallardía siguen siendo los nutrientes para toda persona que ama y cuida la vida en cualquier ámbito de la realidad”. De acuerdo con la Plataforma Agraria del Aguán, desde 2010 han sido asesinados en la región al menos 160 campesinos por su lucha por recuperar sus tierras (https://tinyurl.com/bdd2rdcs).

Juan López también cayó por defender las tierras ancestrales y el Río Guapinol, así como por enfrentar y denunciar la corrupción política local y nacional, en particular de Adán Fúnez, el alcalde de Tocoa, señalado como autor intelectual del asesinato de Juan, coludido con poderosos intereses mineros como los de Lenir Pérez (https://tinyurl.com/48stx5jw). Antes de ser asesinado, Juan pedía la renuncia de Fúnez, acusado de colusión con el narcotráfico (https://tinyurl.com/4eu3b5pj).

Este 3 de febrero, desde el Bajo Aguán, donde se ubica el municipio de Tocoa y donde habita el pueblo guapinol que lleva el nombre del río que les da sustento de vida y defienden a muerte, junto con la lucha por la recuperación de sus tierras, se lanzó un Llamado Nacional de Emergencia del Bajo Aguán: Organizaciones del movimiento social, popular, feminista, de derechos humanos, indígena, garífuna, artístico, disidencias sexuales, afro indígenas y estudiantil de Honduras declaramos la zona de las cooperativas campesinas de Camarones, El Tranvío y El Chile en territorio de emergencia por riesgo mortal, debido a los ataques armados de grupos sicariales apoyados por guardias bajo la responsabilidad de la Corporación Dinant, que están desplazando y asesinando a campesinos para desalojarlos de la tierra por la que se han organizado.

En el llamado se acusa que la violencia es una estrategia para desarticular la lucha campesina e indígena en este territorio y en todo el país. Denuncian la falta de cumplimiento a los acuerdos que firmó la presidenta Xiomara Castro con la Plataforma Agraria y Coordinadora de Organizaciones Populares del Aguán, el 22 de febrero de 2022, para resolver la situación de violencia extrema e histórica en la región. Y señalan que el gobierno de la presidenta y sus funcionarios son cómplices de la agresión, el desplazamiento (de decenas de familias), la persecución, la criminalización y asesinatos. La solidaridad internacional está presente. Decenas de organizaciones de todo el mundo se han sumado a la Declaración de Emergencia del Bajo Aguán (https://tinyurl.com/2xaxj529).

En su carrera por la relección, el liderazgo del Partido Libre no puede seguir haciéndose de la vista gorda de la corrupción y estructuras criminales en el Bajo Aguán, que conllevan a tanta violencia, desplazamientos y asesinatos, a lo cual todas las candidaturas, que serán definidas este marzo, deberían de responder.

*Institute for Policy Studies(www.ips-dc.org)