Nueve de cada 10 pesos reportados por el Fondo de Capitalización e Inversión del Sector Rural (Focir) como parte de su portafolio de administración son cartera vencida, monto que se explica en parte por deficiencias en la integración de expedientes de los acreditados y en las gestiones de cobranza para recuperar el dinero público, de acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

Como parte de la tercera entrega de la cuenta pública 2023, hasta el cierre de 2023 el Focir administraba una cartera de mil 646 millones de pesos; de ellos, 164 millones son vigentes (27 créditos de la Secretaría de Economía y seis beneficiarios de la de Agricultura y Desarrollo Rural) y mil 482 millones de pesos son de 443 créditos vencidos.

El Focir es un fondo de fomento adscrito a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, pero que administra recursos de la de Economía, de Agricultura y Desarrollo Rural, así como del Gobierno de la Ciudad de México. Tiene el mandato de promover la inversión en el sector rural y agroindustrial del país, principalmente con instrumentos de capital de riesgo.

Como parte de ese mandato, se utilizan instrumentos financieros que combinan recursos públicos y privados para invertir en agronegocios y también tiene la opción de dar créditos directos, o hacerlo por medio de instituciones financieras especializadas.

La ASF documentó reiteradas inconsistencias en la integración de los expedientes de los acreditados, que van desde la falta de acta constitutiva de la empresa que pidió un crédito, la nula visita para ratificar que los inmuebles entregados en garantía existían, la falta de seguimiento al uso del dinero e incluso préstamos a corporativos que ahora el fisco reclama impagos.

Muchos créditos fueron a cartera vencida sin que pueda probarse con documentos que hubo cobranza preventiva; incluso en casos judicializados no hay manera de cobrar porque no hay garantías que respalden por qué se decidió prestar.