l mayor interés inmediato del trumpismo antinarco está en Sinaloa. Washington quiere trofeos para lucir en el escaparate y, en la resolución de pedidos, trabaja activamente el operador de máxima confianza claudista, Omar García Harfuch, quien a la vez goza, hasta el momento, de una relación fluida como colaborador aceptable de los mandos estadunidenses abiertamente volcados en el espionaje y el trazado de líneas de acción que este miércoles llevaron a la detención de dos piezas importantes de la estructura de la facción denominada Los Chapitos, entre versiones de que se estuvo a punto de detener a Iván Archivaldo Guzmán, el actual heredero en jefe.

Primer jueves de entrada en vigor de la declaratoria trumpista de cárteles mexicanos como organizaciones terroristas y, ya con una red de acción tendida sobre México, enterrada por completo la política obradorista de abrazos, no balazos, aceptado el espionaje de la CIA a título de presuntos convenios de colaboración ya existentes, con el aparato de Harfuch-Sedena-Marina en plena acción recaudatoria de estadísticas para exportación, la presidencia de México recurre a la modificación de las leyes que sabidamente en nuestro país pueden ser letra muerta: blindaje constitucional contra intervencionismos y castigos mayores a traidores, es la premisa teórica frente a la aplastante operación extranjera en curso.

La estructura 4T, tan fortalecida en lo electoral, tan plena de controles institucionales ganados, se topa con su fantasma tan cantado: la vinculación de sus prácticas electorales y del ejercicio de poderes estatales con factores oscuros; es decir, con vertientes del crimen organizado. Sinaloa es el caso más emblemático y por ello Rubén Rocha Moya compite de manera destacada por la nominación a cabeza política rodante. El claudismo le mantiene a prudente distancia (Harfuch y jefes castrenses no tuvieron reuniones públicas con él en estos días tan fogosamente definitorios allá), pero el obradorismo, por vía filial, le mantiene credencial de miembro distinguido.

No es Rocha Moya, desde luego, el único ni el más negativamente destacado de los gobernadores de tinte guinda. El tamaulipeco Américo Villarreal es otro ejemplar en la mira gringa, con un abultado expediente que parte de lo electoral huachicolero y llega a la expansión también filial, familiar, que llega a Coahuila, donde el junior hace negocios, entre ellos el político.

La incertidumbre y los riesgos de inestabilidad política y social, la consigna de la unidad como coartada, hace que el partido en el poder sobrelleve el desvergonzado asalto a sus presuntas fortalezas de ética política y congruencia doctrinal. Miguel Ángel Yunes Márquez simboliza el pragmatismo extremo de cúpulas, cuyos compromisos ni siquiera corresponden al actual mando de Palacio Nacional. La gobernadora Rocío Nahle pelea contra el cantado contrincante interno en próximas elecciones veracruzanas, al igual que Salomón Jara, de pésimo ejercicio gubernamental, confronta al muratismo que le mueve el tapete; todo en clave de ambiciones y peleas grupales.

El escándalo de la criptoestafa organizada y promovida por el presidente Javier Milei, a cuenta de la criptomoneda denominada #Libra, llevó al Senado de Argentina a votar ayer la posibilidad de constituir una comisión legislativa investigadora que, entre otros puntos, buscaría citar a declarar a la poderosa e intocable hermana de Milei, Karina, que ejerce la Secretaría General de la Presidencia.

Tal posibilidad indagatoria se quedó a un voto de ser aprobada, pues uno de sus principales promotores firmantes, Eduardo Vischi, jefe de la bancada de la Unión Cívica Radical (UCR), volteó bandera a última hora y sufragó en contra de lo que él mismo había propuesto, entre presiones económicas y políticas de los hermanos Milei para tratar de sofocar el caso que ha sido de negativa resonancia mundial. ¡Hasta el próximo lunes!

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