La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM), Nashieli Ramírez, señaló que la capital requiere continuar el diseño de políticas públicas y programas sociales mediante un enfoque interseccional y diferenciado que pondere la atención de los grupos prioritarios, a fin de garantizar su derecho a la vivienda adecuada.

De acuerdo con el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), el estándar de vivienda adecuada requiere de la garantía de aspectos esenciales como seguridad jurídica de la tenencia, disponibilidad de servicios, materiales, facilidades e infraestructura.

En la presentación del informe temático Derecho a la vivienda de los grupos de atención prioritaria, en el que estuvo acompañada por el tercer visitador general del organismo, Christopher Pastrana Cortés, indicó que se ha pronunciado al respecto por medio de 20 recomendaciones, y sostuvo que este derecho no se agota simplemente con asignar a las personas un espacio físico de cuatro paredes.

En cuanto a expedientes de quejas, señaló que entre 2010 y el año pasado, 35 por ciento de los asuntos se relacionaron con el otorgamiento de vivienda pública sin criterios transparentes o justa asignación; 26 por ciento por el otorgamiento en condiciones jurídicas que garanticen la seguridad en la propiedad o posesión, y 11 por ciento por desalojo arbitrario o ilegal.

Señaló que el informe es un insumo útil para la progresividad del derecho a la vivienda en esta ciudad, ya que sistematiza los programas sociales disponibles, hace una evaluación general de los mismos y analiza los expedientes de queja registrados por la comisión.

Apuntó que las viviendas particulares habitadas en la ciudad aumentaron 53 por ciento; sin embargo, las demarcaciones territoriales donde se han construido más son Benito Juárez, Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo, debido a la verticalización de inmuebles.

Entre 2000 y 2020, el número de inmuebles habitados en la ciudad aumentó a 624 mil 909 unidades; sin embargo, durante el mismo periodo se formaron un millón 219 mil 415 hogares, de los cuales sólo 650 mil 597 lograron acceder a una vivienda en la capital.