Mazatlán, Sin., Al cumplirse ayer cinco meses de comenzar la violencia en Culiacán y algunos municipios del sur del estado, por una disputa entre dos facciones del cártel de Sinaloa, se han reportado al menos 823 asesinatos, 952 desapariciones y 2 mil 100 robos de vehículos, según cifras de la Fiscalía General del Estado (FGE).

Sobre los 823 homicidios dolosos, la información fue confirmada por Jenny del Rincón, directora ejecutiva del Secretariado Estatal de Seguridad Publica, que recopila, procesa y comparte información junto con otras áreas gubernamentales.

La funcionaria afirmó que las cifras de asesinatos dolosos han disminuido, ya que en enero pasado se registraron 138 muertes violentas frente a 183 en octubre. La violencia, que comenzó el 9 de septiembre con la guerra entre Los Mayitos y Los Chapitos, dejó en ese mes 143 homicidios; en octubre, hubo 183; en noviembre, 175 y en diciembre, 138.

En los últimos cuatro meses de 2024 la FGE documentó 15 feminicidios, y ninguno en enero de 2025. Se acreditaron dos en 2 septiembre, seis en octubre, dos en noviembre y cinco en diciembre de 2024. La estadística de desaparición forzada incluye 952 denuncias, y la de hurto de automotores a sus propietarios llega a 2 mil 100.

Es la segunda vez que la violencia se dispara en Sinaloa. La entonces Procuraduría General del Estado certificó en 2010 (último año del sexenio del gobernador priísta Jesús Aguilar Padilla) 2 mil 251 homicidios, más del doble de los 999 acreditados en 2009. Además hubo 9 mil 149 vehículos robados en 2010, y un año antes la cifra fue de 3 mil 143.

La narcoviolencia, principalmente en Culiacán, ha perjudicado a su economía, pues propició el cierre de establecimientos comerciales, lo que aumentó las tasas de desempleo. La Unión de Locatarios estima que al menos 120 negocios han cerrado. Industriales advierten que en los próximos meses se sumarían otros 300.

La percepción de inseguridad redujo el número de turistas en perjuicio de los sectores hotelero y gastronómico, principalmente. Los horticultores enfrentan extorsiones y amenazas, lo que interfiere con la producción y distribución de productos agrícolas, esenciales para la economía local y nacional. La tradicional Feria Ganadera se canceló el año pasado.