Para este año, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) cuenta con un presupuesto que asciende a 58 mil 85 millones de pesos, de los cuales 52 mil 183 millones son aportados por el gobierno federal y 5 mil 902 millones son ingresos propios de la máxima casa de estudios.

En sesión, el Consejo Universitario (CU) aprobó ayer este presupuesto, que tiene un crecimiento nominal de 3.8 por ciento respecto al periodo anterior, pero que en términos reales representa una disminución de 0.48 por ciento, afirmó el secretario Administrativo de la UNAM, Tomás Rubio Pérez.

Frente al pleno, explicó que, por funciones, 36 mil 59 millones, es decir, 62.08 por ciento del total de recursos, serán destinados a docencia. De estos, se asignan a educación superior –programas de licenciatura y posgrado– 28 mil 151 millones de pesos; en tanto que al bachillerato van dedicados 7 mil 908 millones.

Al rubro de investigación se le otorgarán 15 mil 34 millones de pesos, equivalentes 25.88 por ciento del presupuesto total. En tanto que a Extensión Universitaria corresponderán 4 mil 310 millones de pesos, es decir, 7.42 por ciento. Para la gestión institucional hay programados 2 mil 682 millones de pesos, que representan 4.62 por ciento.

Al hacer un resumen del total de gasto, explicó que para las remuneraciones personales, prestaciones y estímulos se asignan 46 mil 251 millones de pesos, es decir 79.62 por ciento. Mientras el restante, 11 mil 834 millones, son para servicios, artículos y materiales de consumo; mobiliario, construcciones y asignaciones para programas de colaboración académica.

En la antigua Escuela de Medicina, el rector Leonardo Lomelí destacó la necesidad de transparentar más cómo se asignan y se ejercen los recursos, ya que con ello estaremos en mejores condiciones precisamente de dar cuentas a la sociedad.

En la sesión, la primera de 2025, el CU también aprobó la conformación de una comisión para que elabore un pronunciamiento universitario en contra de las nuevas acciones y órdenes ejecutivas impuestas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que atentan contra los derechos humanos, como el derecho a migrar.

En este sentido, la Comisión de Incorporación y Revalidación de Estudios y de Títulos y Grados del Consejo Universitario informó que avaló un acuerdo para que se exima, temporalmente, a los connacionales deportados del requisito de apostillado y traducción oficial para continuar con sus estudios.

Por otra parte, Lomelí Vanegas se refirió brevemente a la reforma que la institución afrontará en los próximos meses, la cual, dijo, pasará por el fortalecimiento de los cuerpos colegiados; la participación de la comunidad en la construcción de un sentido de ciudadanía universitaria, así como por una cultura de respeto y solidaridad.