El Programa para Trabajadores Extranjeros Temporales (TFWP, por sus siglas en inglés) de Canadá está concebido de tal forma que facilita abusos y discriminación contra las personas migrantes, afirmó Amnistía Internacional (AI).

Tras entrevistar a varios trabajadores de diversas nacionalidades, incluidos mexicanos, expuso que el programa permite a los empleadores ofrecer sobre todo trabajos mal pagados en sectores como los de la agricultura, el procesado de alimentos, el sistema de cuidados, la construcción y la hostelería.

Los visados del TFWP, señaló, vinculan a estas personas a una única entidad empleadora que controla su situación migratoria y sus condiciones laborales.

AI reveló que quienes estuvieron o continúan en el programa dieron a conocer que tras llegar a Canadá, se habían visto obligadas a trabajar muchas horas sin descanso y con un salario inferior al acordado.

A menudo se les asignaban tareas no incluidas en su contrato y sufrían malos tratos físicos y sicológicos, así como abusos sexuales. Muchas de ellas trabajaban en condiciones poco seguras, carecían de acceso a una vivienda adecuada y a atención sanitaria, y sufrían discriminación. La mayoría no pudieron acceder a un recurso efectivo por los abusos que habían soportado, destacó.

En un informe, apuntó también que muchas personas trabajan y viven en lugares remotos y, por tanto, su alojamiento y el acceso al seguro médico y al transporte dependen de su entidad empleadora. Si caen enfermas, sufren una lesión o ya no son consideradas aptas para el trabajo, pueden rescindirles el contrato y ser objeto de una repatriación rápida.

La organización internacional sostuvo que algunos de los entrevistados “denunciaron que sus empleadores y supervisores usaban con ellos un lenguaje racista y que los insultaban llamándolos ‘burro’ o ‘indio’”.

Afirmó que han documentado casos de personas que han sufrido lesiones o que desarrollaron problemas médicos como consecuencia de las condiciones laborales poco seguras.

Algunos trabajadores y trabajadoras denunciaron que su entidad empleadora los había amenazado con la repatriación y, en un puñado de casos, que los habían llevado al aeropuerto contra su voluntad, agregó.

Reconoció que por miedo a represalias, como despidos, la no renovación de contrato o la repatriación es que las personas afectadas no denuncian.