El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó los lineamientos de fiscalización de los comicios judiciales y, por mayoría de votos, optó por dejar fuera del documento la cancelación de la candidatura cuando el contendiente no haya entregado al árbitro su informe de gastos de campaña.

En el proyecto avalado en la comisión de fiscalización se había establecido esa opción, aunque después de un largo debate, no exento de confusiones en la votación, fue eliminado el inciso relacionado con aquella causa, bajo el argumento de que el legislador no la previó.

En la presentación del punto, a cargo de la consejera Carla Humphrey, presidenta de la comisión de fiscalización, se establecían tres sanciones aplicables: amonestación pública y multa hasta por 5 mil unidad de medida y actualización vigente al momento de cometer la falta y la cancelación del registro de la candidatura cuando no presenten el informe único de gastos; o también, cuando reciban recursos públicos de partidos o privados y/o asistan a eventos de organizaciones que busquen ser partidos.

Con la modificación a la fracción tercera del artículo 52 de los citados lineamientos, a propuesta del consejero Martín Faz, la mayoría se manifestó a favor de la gradualidad, es decir, cancelar el registro de la candidatura cuando la gravedad de la falta lo amerite, pero como se dijo, fue retirado el renglón de los informes de gastos.

Humphrey consideró que la ausencia de los informes debería recibir una multa excepcional, más aun por el perfil de los contendientes.

Me parece muy grave que personas juzgadoras no presenten los gastos de campaña, declaró.

Enseguida, el consejero Jorge Montaño señaló que si bien la reforma judicial dio al INE la posibilidad de reglamentar algunos aspectos cuando el legislador no lo haya hecho, la cancelación de las candidaturas sería una facultad precisamente de los diputados y senadores, no del árbitro electoral.

La consejera insistió en que era necesario colocar la sanción y, en todo caso, que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación tenga la última palabra en cuanto a ratificarla.

Al final, con nueve votos a favor y dos en contra fue aprobada la gradualidad de la sanción.