n el contexto en que se está dando la expulsión de migrantes de Estados Unidos hacia México, parece sensato repasar ciertos antecedentes, algunos tan remotos de casi un siglo, otros de la mitad de ese mismo plazo y hechos que suelen ser desatendidos por nosotros, como las migraciones internas.
A lo largo de los tiempos el hombre ha buscado dónde desarrollarse en un estado digno para la vida humana. Sin embargo, la historia real nos enseña un cuadro bastante diferente: el de una sucesión de desequilibrios entre variables demográficas, sociales y físicas que conduce a la injusticia.
México conoce o debiera conocer bien el problema de las migraciones. Las ha habido desde siempre, su historia está marcada por ellas. Las ha habido legales hacia el norte, los braceros, mientras Estados Unidos las necesitó para sustituir a los trabajadores que, convertidos en soldados, dejaron puestos laborales. Lamentablemente después trabajadores siguientes, los mojados, han sido ilegales en la medida en que las restricciones oficiales estadunidenses se endurecieron.
Respetando los dedicados esfuerzos de tantos demógrafos mexicanos encargados de realizar los debates que condujeran a definir y perfeccionar nuestra política migratoria, es lamentable decir que el común de los mexicanos no percibimos efecto ninguno de tales esfuerzos en la vida nacional al grado de que, existiendo un Consejo Nacional de Población, con un mandato muy claro, nada se sabe.
Simplificando, de los grandes casos migratorios nacionales, en nuestro siglo pasado encontramos:
1) La primera experiencia, durante la Segunda Guerra Mundial, existió el único marco de referencia legal que permitió regir la planeación y ejecución del movimiento poblacional desde varias áreas del país hasta Estados Unidos y posteriormente su ordenado regreso.
2) Un segundo capítulo migratorio se dio con el ingreso y asentamiento ilegal de casi 40 mil guatemaltecos en México, alrededor de 1984, como resultado de las gravísimas represiones que las poblaciones indígenas mayas sufrían en su país. Estaban dispersos en más de 100 pequeños asentamientos a lo largo de la frontera México-Guatemala en condiciones gravísimas para su subsistencia.
Teniendo en cuenta el alto compromiso de nuestro gobierno con su seguridad y derechos humanos, organizó el traslado y asentamiento de ellos en los estados de Campeche y Quintana Roo.
En el difícil caso de recorrer cientos de kilómetros en selvas vírgenes y su posterior establecimiento siempre estuvo presente el principio de protección a la dignidad humana y vigente su derecho de en su momento regresar a sus tierras.
A los que nacieron en nuestro territorio, sin la menor duda se les reconoció su calidad de mexicanos y se procedió a su registro civil con esa calidad, dándoles así la identidad correspondiente a un ser con nombre propio como concierne al tratamiento de seres humanos y no simplemente números.
3) El capítulo de las migraciones internas es el menos considerado por la autoridad durante todos estos años. Se refiere a las migraciones que se han hecho y se seguirán haciendo en el país. Comunidades enteras se han movido y se seguirán moviendo dentro del territorio sin la menor atención por parte del gobierno. ¿Dónde están los miles que la violencia ha desplazado?
Hay estados claramente expulsores, como Zacatecas, Guanajuato, Michoacán. La principal motivación es la falta de oportunidades de obtención de mínimos satisfactores que se manifiestan principalmente por la inseguridad, falta de trabajo y una infraestructura ambiental satisfactoria.
En contrapartida, existen estados receptores que tienen condiciones para ofrecer trabajo y la infraestructura para una vida productiva, como Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Quintana Roo, Jalisco, Morelos, Querétaro y San Luis Potosí.
Estas migraciones internas sencillamente no tienen lugar visible en ninguna de las agendas de trabajo de las dependencias con responsabilidad en el mejoramiento de las condiciones en que dichas migraciones se dan. Es un problema que debiera preocupar principalmente a las secretarías de Gobernación, Salud, Educación, Trabajo y Seguridad que ni se enteran.
Ante esas situaciones de carácter histórico, hoy encontramos un fenómeno sin precedentes, como es la intención de Estados Unidos al expulsar a México de manera brutal individuos y familias en la frontera. Los efectos inmediatos pueden llamarse más que alarmantes por la carga de responsabilidades que recibe nuestro gobierno y en general el país.
En primer lugar, nuestras autoridades tienen el deber primario de entender que tratamos un problema cuyos titulares son seres humanos con clara identificación de su individualidad y, por tanto, merecen un trato correspondiente a tal calidad y no a la de simples números de masas humanas sin categoría de personas.
No es inútil repetir que los acontecimientos que vivimos marcarán históricamente al gobierno de Claudia Sheinbaum, tal como fueron marcados otros gobiernos. ¡Ojo, pues!
