El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó la criminalización del aborto en Chihuahua. Por mayoría de votos se avaló ayer la declaratoria de inconstitucionalidad de porciones de los artículos 143, párrafos primero y segundo; 145 y 146 del Código Penal del Estado de Chihuahua, que penalizan dicha práctica, fallo que tendrá efectos retroactivos que beneficiarán a personas sometidas a proceso bajo dichos preceptos.

La declaratoria se emitió a petición de la Primera Sala de la SCJN, que en octubre de 2023 declaró que dichos ordenamientos eran inconstitucionales al resolver un amparo a favor de una mujer, pero sus efectos eran limitados porque sólo protegían a la quejosa.

En su dictamen, la Primera Sala determinó que esos preceptos violan derechos humanos de mujeres y personas gestantes, especialmente el derecho a la igualdad y no discriminación, así como a la salud, al tipificar el delito de aborto voluntario.

Argumentó que esos artículos las obligan a ser madres, lo cual es contrario a su proyecto de vida, atenta directa y frontalmente con su derecho al disfrute del más alto nivel posible de bienestar físico, mental y social, conforme al cual se les reconoce el control de su salud y cuerpo, con inclusión de su libertad sexual.

Se pone en riesgo a mujeres: ministro

Juan Luis González Alcántara Carrancá, el ministro que presentó el proyecto de declaratoria de inconstitucionalidad, señaló que la Primera Sala consideró que las medidas contenidas en los requisitos legales de referencia podrían ocasionar que las mujeres y personas que están antes, que quieran interrumpir su embarazo, tengan que hacerlo en condiciones inapropiadas, lo que las coloca en una situación de riesgo y peligro, orillando a que las decisiones que tomen sobre su maternidad, sin un acompañamiento adecuado, afecten su salud poniendo en riesgo su bienestar físico y mental.

Los ordenamientos considerados inconstitucionales establecen penas de seis meses a tres años de prisión a quien haga abortar a una mujer con su consentimiento, y la misma pena a la mujer que voluntariamente practique su aborto o consienta que otro la haga abortar, entre otros supuestos.