La empresa de hospedaje temporal Airbnb se amparó en contra de la reforma aprobada por el Congreso de la Ciudad de México que limita a los anfitriones rentar sus inmuebles hasta 50 por ciento de las noches de manera anual.

El litigio comienza a un año y medio de que empiece el Mundial de Fútbol 2026, con el que se espera la llegada de miles de turistas a la Ciudad de México, que será la sede del partido inaugural.

En un comunicado, Airbnb señaló que las regulaciones restrictivas son inefectivas para abordar la crisis de vivienda, y puso como ejemplo la ciudad de Nueva York, donde, tras regulaciones similares, el precio de las rentas a largo plazo aumentó 3.4 por ciento; además, las tasas de ocupación no cambiaron y las restricciones fomentaron la creación de un mercado negro de vivienda.

Señaló que los principales beneficiados son los hoteles, que incrementaron sus precios 7.4 por ciento, como sucedió en ciudades como Edimburgo y Barcelona.

La reforma a la Ley de Turismo de la Ciudad de México fue aprobada en octubre pasado con la finalidad de evitar el desplazamiento de personas, esto, tras varios casos en los que los dueños de inmuebles dejaron de arrendar sus viviendas para alquilarlos por medio de Airbnb, lo que, a decir de vecinos, promueve la gentrificación en la capital.

No obstante, a decir de la empresa, los individuos más afectados por la reforma son ciudadanos reales que dependen de plataformas como Airbnb para complementar sus ingresos al compartir sus espacios.

Explicó que en la Ciudad de México, 80 por ciento de los anfitriones comparten un solo espacio en la plataforma y 78 por ciento señaló que ofrecer su espacio no es su fuente principal de ingresos, sino una forma de obtener recursos adicionales.

Los litigios no son las acciones preferidas por la plataforma. Un proceso de registro sencillo debería ser el primer paso, ya que permitiría a las autoridades poder evaluar de forma clara el impacto del mercado de alquileres a corto plazo en la ciudad.

La reforma aprobada por el Congreso también prohíbe la renta, mediante aplicaciones digitales, de las viviendas de índole popular, social, en arrendamiento, construidas bajo la norma 26 o reconstruidas con base en la ley de reconstrucción.

Si bien la principal justificación de su aprobación fue hacer frente a la gentrificación, hubo críticas contra la reforma porque beneficia de manera implícita a las grandes cadenas hoteleras.