Algunas carpetas de investigación sobre violencia sexual contra menores y de violencia vicaria que se procesan en la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México son materia de intercambio de favores, manipulaciones y obstáculos entre los mismos servidores públicos. Estas prácticas conforman un patrón que termina por convertir a las víctimas en victimarias sujetas a órdenes de aprehensión y dejan impunes a los agresores.

Caso de Regina Seemann

Ejemplo de ello es el litigio entre Regina Seemann y Guillermo Sesma, que permite un atisbo sobre los manejos corruptos al interior de las instituciones encargadas de investigar delitos.

Sesma, acusado de violentar sexualmente a sus hijos, logró maniobrar para que los cargos en su contra fueran anulados, con el apoyo del ex fiscal Ulises Lara. Seemann, por el contrario, tiene lista una orden de aprehensión emitida el 24 de enero de este año.

La FGJ inició las investigaciones por violencia sexual ejercida por el padre de los tres pequeños, hijos de ambos (una niña de 13 años y dos gemelos, niño y niña, de 11) y su madre hace cerca de un año. Meses después la agencia del Ministerio Público, Centro de Atención a la Violencia Intrafamiliar (CAVI) certificó como válidos cuatro diferentes periciales y estudios clínicos que demostraban graves afectaciones de los menores por las actuaciones de Sesma Suárez. Estos incluían los testimonios de los menores, realizados conforme a todos los protocolos establecidos por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para estos casos.

Con base en esta información, el 25 de septiembre, Sayuri Herrera, la fiscal que coordina las investigaciones de delito de género –todavía en el plazo de algunas semanas, ya que a mediados de febrero se integra a la Secretaría de la Mujer federal– tenía ya lista la primera acción penal contra el perpetrador, que fue citado en audiencia.

El coordinador de asesores del fiscal encargado de despacho Ulises Lara, Sigifredo Rodríguez, canceló la audiencia sin motivo y sin avisar a la responsable. Además, cambiaron a la agente del Ministerio Público del CAVI que conoció y certificó las periciales de violencia sexual contra los niños. Todo, con conocimiento y anuencia del fiscal especial para delitos contra menores, el recién destituido Miguel Ángel Barrera.

En esas fechas se tuvo conocimiento de una reunión en casa de Guillermo Sesma, a la que asiste un abogado del despacho de la defensora Ana Katiria Suárez, Edson Pérez Durán, quien empieza a trabajar con el acusador llevando consigo importante información interna robada del despacho Voces Humanizando la Justicia. Contraviniendo toda norma legal y ética, al encuentro también asiste el ahora ex fiscal Barrera.

Declaran nulas las testimoniales de los niños

De ahí se derivan diversas maniobras. La abogada defensora de Sesma, Olivia Rubio –cuya cartera de clientes incluye a algunos agresores– promueve una audiencia para anular las pruebas (periciales y exámenes de siquiatría forense). Pero Barrera y Sigifredo adelantan la diligencia ante el juez sin notificar a la coordinación. Sin representación debida de la defensa de los niños y la madre, el juez determina la nulidad de todas las pruebas. Va más allá: prohíbe realizar nuevas entrevistas a los niños, con lo que la acusación de violencia sexual queda sin materia de imputación.

Para contrarrestar la maniobra, Sayuri Herrera promueve una apelación. Pero el fiscal Barrera acelera el proceso y sin esperar a que proceda dicha apelación, determina ilegalmente el no ejercicio de la acción penal contra Sesma. Además, coloca en el Ministerio Público que lleva esas carpetas a un nuevo funcionario que, por órdenes suyas, abre una nueva investigación contra Regina Seemann.

En ese contexto, el presunto agresor aporta a esta nueva carpeta –que pretende imputar a la víctima– un video que muestra al niño menor de la pareja autolesionándose durante una clase en línea frente a sus compañeritos de escuela. Además, Sesma sube y promueve en redes sociales estas delicadas imágenes. El material, según el acusador, es una evidencia del daño provocado por la madre a los pequeños.

Según la coordinación de fiscalías, el fragmento grabado está editado y descontextualizado. Lo que demuestra es, en efecto, las crisis de ansiedad y graves daños que ya registra el pequeño, pero no a causa de la madre sino de las acciones del padre.

En ese momento, la coordinadora de fiscalías ordena el traslado de las carpetas contra Sesma a un área distinta a la que controla Barrera. Ahora está en proceso en la fiscalía de personas vulnerables, como una forma de garantizar un manejo justo. El 9 de enero Ulises Lara terminó su gestión como fiscal encargado y asumió la nueva titular Bertha María Alcalde Luján.

La estratagema de los hermanos Sesma para evadir la ley e inculpar a la madre de los niños abre otro frente, el descrédito y deslegitimación de todas las acciones de la defensa que encabeza la abogada defensora de derechos humanos Ana Katiria Suárez, a quien demandan por encabezar una supuesta red de extorsión de padres de familia de clase alta, promoviendo demandas en su contra con fines de lucro.

Ofensiva contra la fiscal Sayuri Herrera

A partir del 14 de enero, Sesma y sus aliados enfilan sus baterías en contra de Sayuri Herrera, quien fue la primera fiscal antifeminicidio. La abogada del empresario, Olivia Rubio, la demanda por prevaricato; las campañas de medios la relacionan con el club de extorsionadores de Ana Katiria Suárez y el 14 de enero un plantón del Colectivo No más Presos Inocentes bloquea el edificio donde labora la fiscal Herrera. Entre los manifestantes participan familiares de Gabriel Galván, uno de los feminicidas de la estudiante de ingeniería del Instituto Politécnico Nacional (IPN), Marychuy Jaimes; los familiares y amigos de Diego N, procesado por generar con inteligencia artificial pornografía infantil con imágenes de ocho estudiantes del IPN, y los familiares de Alejandro N, agresor de Natalia Lane, una chica trans que sobrevivió a un intento de feminicidio (una puñalada en la cara y otra en la nuca).

De manera simultánea a las maniobras que el encargado de la fiscalía Ulises Lara realizó para cerrar las carpetas del empresario –respondiendo a los intereses de Guillermo y Jesús Antonio Sesma, coordinador del Partido Verde en la Cámara de Diputados de la Cuidad de México– Barrera procedió a judicializar en plazos acelerados las carpetas que inculpan a la ex esposa.

Orden de aprehensión

El 5 de enero, este fiscal informa extraoficialmente a su superior, Sayuri Herrera, que ya hay una orden de aprehensión contra la madre por violencia familiar. Por considerarla una medida excesiva, Herrera ordena a Barrera no darle cumplimiento.

Entonces, lo que hace el funcionario ahora destituido es enviar la carpeta a un área distinta de la FGJ, Mandamientos Judiciales, que dirige la fiscal Laura Borbolla. Ésta, sin conocimiento del caso, emite una nueva orden de aprehensión y manda su ejecución para el 24 de enero. Cuando los agentes de policía ministerial ya están a punto de salir para ejecutar el arresto, la fiscal Herrera se entera y logra ordenar la cancelación del operativo.

Dos días antes a la FGJ le estalla un escándalo en las manos. Un caso similar a este, en el que una mujer, madre de tres hijos –María Fernanda Turrent– es acusada por su ex esposo Édgar González Peredo (también un hombre de fuerte poder económico e influencia en el mundo judicial) de fraude procesal y sustracción de menores. Él tenía anteriormente múltiples demandas por violencia familiar extrema.

Por gestiones de Barrera, las demandas de Turrent se estancan y las del presunto agresor se aceleran. El 22 de enero ella es citada a una audiencia y ahí mismo es detenida.

Por recomendación de Sayuri Herrera y por considerar como indisciplina la conducta de Barrera frente a los casos de Turrent y Seemann, el fiscal para delitos contra las infancias es removido del cargo y María Fernanda Turrent es liberada bajo el criterio jurídico.