El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) se perfila para aprobar hoy los lineamientos de fiscalización de los comicios judiciales, es decir, el método para revisar el origen y destino de ingresos y gastos de los contendientes.

Aunque los aspirantes a juzgadores no recibirán financiamiento público, deberán rendir cuentas de sus movimientos, mismos que rastreará la Unidad Técnica de Fiscalización (UTF), no sólo la ruta del dinero de los candidatos, sino incluso de redes familiares y personales.

La UTF revisará y auditará, simultáneamente al desarrollo de la campaña, el origen, monto y destino que le den las personas candidatas a juzgadoras a los gastos personales, viáticos y traslados, se indica en el documento base.

Aunque no se ha dicho específicamente el monto de los topes, pues éstos se definirán 15 días antes del inicio de las campañas, es decir, en marzo, en el anteproyecto se habla de mil 500 unidades de medida (uma), equivalente a casi 170 mil pesos, para la adquisición o contratación de bienes y servicios.

Asimismo, indica que sólo se admitirán pagos en efectivo de hasta 10 por ciento del tope de gastos personales determinado para la autoridad electoral por el cargo que corresponda.

Como se ha difundido, a diferencia de las campañas tradicionales, con abanderados de partidos políticos o postulados de manera independiente, en esta elección extraordinaria no se permitirá hacer proselitismo en la vía pública –por ejemplo, en espectaculares, bardas, vallas o parabuses– y tampoco en medios de comunicación impresos o digitales.

La restricción general, en cualquier elección del país, es contratar espacios en radio y televisión; si bien los candidatos de la elección judicial pueden hacer menciones en sus redes sociales o en entrevistas, no podrán comprar espacios o plataformas.

Tampoco pueden contratar encuestas, conteos o cualquier otro estudio de opinión.

Los candidatos no pueden acudir a eventos de partidos o quienes pretendan constituirse en ellos.

Las infracciones podrán ser sancionadas desde amonestación pública o multa de hasta 5 mil veces la uma, hasta la cancelación del registro de candidatura.