Tratos crueles e inhumanos, tortura, desaparición forzada, detenidos sin cargos ni juicio, uso excesivo de la fuerza y un símbolo de la impunidad de Washington. Así describen organizaciones no gubernamentales (ONG) y organismos de derechos humanos a la prisión de la bahía de Guantánamo, en Cuba, que desde los atentados del 11 de septiembre de 2001 ha sido utilizada para recluir a sospechosos de terrorismo, y que en palabras del general Michael Lehnert, encargado de inaugurar el campo de detención, fue un error y ese lugar nunca debió abrir.

En 2023, la relatora especial de la Organización de Naciones Unidas sobre la promoción y protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo, Ní Aoláin, presentó un informe sobre la situación que viven los detenidos que quedan en Guantánamo, donde permanecen 15 presos.

El informe detalla la profundidad, gravedad y naturaleza evidente de los daños físicos y sicológicos que sufren los reclusos, quienes viven con daños constantes derivados de prácticas sistemáticas de tortura.

Añade que la infraestructura del sitio permite una vigilancia casi constante, extracciones forzadas de las celdas, uso indebido de restricciones y otros procedimientos operativos arbitrarios que no respetan los derechos humanos y que se deben a una formación inadecuada de las autoridades, además de deficiencias graves en la atención sanitaria.

Tras las conclusiones del documento, que analiza más de 21 años de detención indefinida para 780 hombres y menores de edad musulmanes, Amnistía Internacional (AI) exigió a la administración de Joe Biden en ese mismo año que cerrara el centro de detención y pusiera fin a la práctica ilegítima de detención indefinida sin cargos ni juicio.

AI también publicó un informe en 2021 en el cual detalla las violaciones a los derechos humanos de las 40 personas que aún estaban recluidas y los crímenes de derecho internacional cometidos en 19 años tras la decisión de enmarcar la respuesta estadunidense a los atentados del 11-S en una guerra global contra el terror.

La académica estadunidense Amy Kaplan señaló en diversos artículos que la prisión es un espacio ambiguo dentro y fuera de las fronteras nacionales y jurídicas que refuerza un duro régimen punitivista.